El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades tras la detección de presuntos beneficios irregulares otorgados al exasambleísta Santiago Díaz.
El exlegislador, quien cumple prisión preventiva por una denuncia de violación a una menor, habría utilizado un centro médico público en Quito como un espacio de permanencia extendida para evitar el retorno inmediato a su celda.
Destitución de autoridades y rechazo al “abuso de poder”
La cartera de Salud fue tajante al condenar lo que calificó como un “uso y abuso de poder” por parte de funcionarios públicos para satisfacer intereses personales.
Según reportes locales, Díaz asistía con frecuencia a un centro de especializaciones en la capital, donde permanecía varias horas sin justificación clínica que exigiera tal estancia.
Como medida inmediata, el Gobierno anunció la destitución del director del centro de salud implicado.
Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el resguardo policial y los protocolos de traslado del detenido.
Vínculos políticos y el caso “Caja Chica”
El caso de Santiago Díaz trasciende el ámbito penitenciario y se entrelaza con una compleja trama política.
Díaz, quien fue jefe de campaña del binomio Luisa González - Andrés Arauz en 2023, ha brindado testimonios ante la Fiscalía que comprometen a la cúpula del correísmo.
Según sus declaraciones, habría transportado dinero desde Venezuela hacia Ecuador por disposición del expresidente Rafael Correa.
Estas revelaciones han impulsado el caso denominado “Caja Chica”, en el cual se investiga el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2023.
La excandidata Luisa González ha negado estas acusaciones, calificándolas de “persecución política” y asegurando que los privilegios médicos de Díaz fueron pactados con el actual Gobierno a cambio de sus testimonios.
Próximas audiencias en el Tribunal Contencioso Electoral
La situación jurídica de los involucrados sumará un nuevo capítulo el próximo 13 de marzo.
Para esa fecha, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene prevista una audiencia de pruebas y alegatos por presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas de campaña.
Mientras tanto, Santiago Díaz permanece recluido a la espera de una sentencia por el delito de violación, causa que motivó su expulsión del partido Revolución Ciudadana y su suspensión de la Asamblea Nacional en julio pasado.