La Fiscalía General del Estado ha desarticulado una compleja red de corrupción que involucra a los hermanos Álvarez, señalándolos por presunto lavado de activos, defraudación tributaria y delincuencia organizada.
Según la Unidad de Transparencia, este entramado empresarial no solo vulneró el sistema financiero, sino que puso en jaque la seguridad del Estado mediante la comercialización ilícita de hidrocarburos.
El esquema delictivo: Empresas de papel y diésel subsidiado
La investigación sostiene que los procesados utilizaron empresas de papel domiciliadas en Panamá para desviar combustible del segmento naviero.
El modelo consistía en adquirir diésel subsidiado por el Estado ecuatoriano para revenderlo a precios del mercado internacional.
Se estima que este esquema generó un perjuicio económico para el país de aproximadamente 100 millones de dólares.
La trama, operativa desde 2021, se habría estructurado en cinco eventos clave identificados por el Ministerio Público:
- Irregularidades en guías de remisión.
- Comercialización ilegal a embarcaciones internacionales.
- Pagos de sobornos a funcionarios de aduana.
- Lavado de activos mediante la adquisición de bienes.
- Eliminación deliberada de archivos y evidencias.
Prisión preventiva para los principales implicados
Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez Jairo García dictó prisión preventiva para los cabecillas de la supuesta organización: Aquiles Á., Xavier Á., Antonio Á., César Emilio B. y Fernando P.
Por su parte, otros cinco implicados recibieron medidas alternativas como la prohibición de salida del país, mientras que Pedro Juan H. cumplirá arresto domiciliario por ser de la tercera edad.
Como medida cautelar adicional, el magistrado ordenó la inmovilización inmediata de todas las cuentas bancarias de los procesados en el sistema financiero nacional, asegurando así posibles reparaciones al Estado.
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