La madrugada de este jueves 12 de febrero de 2025, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en Latacunga. Hasta el cierre de esta nota, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) no ha emitido información oficial sobre los motivos del traslado ni los justificativos administrativos.
Desde la tarde del miércoles 11 de febrero, se solicitó información al SNAI respecto a los movimientos penitenciarios relacionados con el caso; sin embargo, la institución encargada del sistema carcelario ha guardado silencio en sus canales oficiales.
Ramiro García, abogado defensor de Álvarez, indicó a Metro Ecuador que el traslado no fue debidamente motivado.“No hubo ningún argumento, simplemente se lo llevaron a la cárcel de Latacunga”, señaló.
El jurista agregó que el juez de la causa habría dispuesto que el alcalde sea trasladado a la Cárcel 4 de Quito. No obstante, según la defensa y reportes de agencias de prensa, el procesado fue llevado a otro centro penitenciario.
De acuerdo con el parte policial, Álvarez permanece en la zona transitoria del centro carcelario de Cotopaxi mientras continúa el proceso judicial. Otros procesados también fueron trasladados, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente quiénes.
El proceso judicial en el caso Goleada
Con base en alrededor de veinte elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado procesa a once personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
El delito está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma establece que quienes formen parte de una estructura organizada de dos o más personas con el objetivo de obtener beneficios económicos u otros de orden material serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años. Los colaboradores podrán enfrentar penas de cinco a siete años.
El juez de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado acogió parcialmente el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra cinco procesados:
- Aquiles David Álvarez H.
- Xavier Mario Álvarez H.
- Antonio José Álvarez H.
- César Emilio B. I.
- Fernando Patricio P. V.
Para otras seis personas se dispusieron medidas alternativas, como presentación periódica y prohibición de salida del país. En el caso de Pedro Juan H. E., el juez ordenó un estudio de seguridad domiciliario para el cumplimiento de arresto domiciliario.
Asimismo, el magistrado dispuso la inmovilización de las cuentas bancarias que los procesados mantengan en el Sistema Financiero Nacional.
Las aprehensiones se ejecutaron la madrugada del martes 10 de febrero, en la provincia del Guayas.
La hipótesis fiscal
Según el fiscal de la Unidad de Transparencia a cargo del caso, la investigación apunta a un presunto entramado empresarial estructurado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero sin activar alertas de control.
El caso se relaciona con la comercialización de combustibles. De acuerdo con Fiscalía, Aquiles Á., Antonio Á. y Xavier Á., hermanos vinculados a un mismo esquema societario, habrían diseñado un modelo empresarial destinado a generar ganancias ilícitas mediante la venta de combustible en distintos segmentos del mercado.
La investigación sostiene que, a través de empresas de papel domiciliadas en Panamá, se habría desviado combustible del segmento naviero nacional e internacional. El presunto perjuicio para el Estado estaría vinculado con la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, con un monto estimado cercano a los 100 millones de dólares.
El fiscal señaló que la presunta estructura se habría configurado desde 2021 en cinco eventos investigativos:
- Guías de revisión
- Comercialización de combustible a embarcaciones internacionales
- Pagos a un trabajador de aduana
- Bienes
- Eliminación de archivos
Entre los elementos de convicción consta un informe pericial de informática forense practicado a tres dispositivos electrónicos, en los que se habrían hallado mensajes que evidenciarían coordinaciones entre algunos de los procesados.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.