El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, adoptó una postura firme frente a la creciente ola de reclamos ciudadanos por presuntos cobros excesivos en la Tasa de Recolección de Basura (TRB), ahora integrada en la planilla de agua potable.
Tras la reunión del Concejo Metropolitano, el burgomaestre anunció que su administración no realizará ninguna revisión o ajuste a la fórmula de cobro, al menos hasta que concluya el mes de febrero de 2026.
El argumento municipal: Un diagnóstico basado en facturación completa
Para Muñoz, realizar cambios inmediatos sería prematuro. El alcalde sostuvo que solo contando con la facturación total del mes se podrá obtener un diagnóstico final sobre posibles errores técnicos. “Su planteamiento es enfático”, señaló al explicar que la evaluación se hará una vez que se procesen todos los cobros del periodo para determinar si existen inconsistencias que deban corregirse.
Hasta el momento, la administración municipal asegura no haber detectado fallos en el sistema. Según Muñoz, lo que realmente existe es una “sorpresa” entre los vecinos al notar el cambio de plataforma de pago, pasando de la planilla eléctrica a la de agua potable por disposición gubernamental.
Impacto del cambio de medidores y la nueva fórmula
El traslado del cobro de la TRB ha generado distorsiones logísticas importantes. Muñoz recordó que el convenio anterior para cobrar a través de las planillas de luz —que cubrían 1,2 millones de medidores— fue cortado de manera arbitraria por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025. Al migrar el cobro a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), la base se redujo a solo 700 mil medidores, lo que impacta directamente en la distribución de los costos.
Bajo este nuevo esquema, las estadísticas municipales indican lo siguiente:
- 6 de cada 10 medidores de agua pagarán un valor igual o menor al anterior.
- El 21% de las consultas y quejas por incrementos provienen de edificios y condominios.
- En zonas residenciales con medidores compartidos, el aumento se debe a que la fórmula está ligada directamente al consumo de agua.
El alcalde defendió la proporcionalidad del cobro, argumentando que fijar un valor exacto mensual sería injusto, por lo que la tarifa debe adaptarse al consumo de cada hogar.
Críticas al Gobierno y costo político-económico
Muñoz no ahorró críticas hacia el Gobierno central y algunos miembros del Concejo Metropolitano.
El burgomaestre tildó de “politiquería” la actitud de ciertos concejales y denunció que la decisión gubernamental le costó a Quito 12 millones de dólares.
Esta pérdida responde a que la tasa no fue recaudada durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, mientras el costo operativo de recolección se mantiene en 6 millones de dólares mensuales.
La actual metodología de cobro se mantendrá sin cambios durante las próximas semanas, postergando cualquier corrección hasta la evaluación integral que se realizará en marzo.