La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó la mañana de este martes un operativo en la provincia del Guayas en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada, con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, dentro del denominado caso Goleada.
Como parte de la actualización oficial, el Ministerio Público informó que se ejecutan órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra 11 personas investigadas en esta causa. Entre los señalados constan Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil; Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC; y Xavier Álvarez.
El operativo se encuentra en desarrollo y forma parte de una indagación previa que busca esclarecer presuntas irregularidades vinculadas a estructuras organizadas para el cometimiento de delitos económicos.
Hasta el momento, Fiscalía no ha detallado los hechos específicos atribuidos a cada uno de los investigados ni la fecha de la audiencia de formulación de cargos. La institución señaló que brindará más información conforme avance el proceso.
Las autoridades recalcaron que las acciones ejecutadas responden a una investigación en curso y que rige el principio de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada.
Adicionalmente, la Fiscalía informó que al momento de su detención, Aquiles Álvarez no portaba el grillete electrónico, pese a que esta medida cautelar fue dispuesta dentro del caso Triple A, proceso en el que el alcalde de Guayaquil es investigado por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. La autoridad no precisó, hasta el cierre de esta nota, las acciones que se adoptarán frente al incumplimiento de dicha medida.
Como parte de la actualización del caso Goleada, la Fiscalía informó que durante los allanamientos ejecutados se levantaron varios indicios, entre ellos teléfonos celulares, dispositivos USB, computadores, dinero en efectivo y documentos, los cuales guardarían relación con la investigación que se desarrolla por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.