La madrugada de este viernes 6 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía Nacional ejecutaron nuevos allanamientos en el marco del denominado caso “Apagón”, una investigación por presunto peculado relacionado con la contratación de proyectos de generación eléctrica en Ecuador.
Las intervenciones simultáneas se realizaron en Quito, Guayaquil y Ambato, y forman parte de una operación que busca recopilar evidencia sobre las presuntas irregularidades en los convenios firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Progen Industries LLC.
En el centro de la investigación: contratos de generación térmica
De acuerdo con información oficial, la Fiscalía analiza los contratos suscritos para la instalación de termoeléctricas en Quevedo y El Salitral, acuerdos firmados en agosto de 2024.
Las investigaciones apuntan a determinar si existieron irregularidades en los procesos de contratación, posibles sobreprecios y omisiones en la supervisión técnica de los proyectos eléctricos que buscaban aumentar la capacidad de generación energética del país.
El caso Apagón salió a la luz tras los primeros 17 allanamientos ejecutados el 28 de julio de 2025, cuando la Fiscalía ingresó a la vivienda de Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec EP y exviceministro de Electricidad. En aquella ocasión, se incautaron dispositivos electrónicos, documentos financieros y contratos vinculados a empresas del sector energético.
Un mes después, el 28 de agosto de 2025, la FGE realizó otros 11 allanamientos en propiedades ubicadas en Guayas y Pichincha, incluyendo inmuebles del exministro de Electricidad Octavio Antonio Gonçalves y del exviceministro de Energía Renovable, Rafael Emilio Q.V.
Las diligencias del 6 de febrero de 2026 representan la tercera fase de este proceso investigativo, en el cual ya se han identificado más de una docena de funcionarios y exautoridades presuntamente involucrados.
Con estos nuevos operativos, la fiscalía busca recopilar evidencia digital y documental que permita sustentar las hipótesis del presunto delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Este tipo penal sanciona con penas de 10 a 13 años de prisión a los servidores públicos que, directa o indirectamente, dispongan indebidamente de fondos o bienes del Estado.
Durante las operaciones, los agentes intervinieron oficinas, domicilios y bodegas relacionadas con exfuncionarios de Celec EP y de la empresa contratista. En los lugares allanados se levantaron computadoras, memorias USB, contratos, actas de entrega-recepción y registros de transferencias financieras.