El Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa dictó sentencia condenatoria de 26 años de prisión contra Anderson J. A., tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y declararlo autor directo del delito de asesinato en contra de un taxista de 46 años.
El hecho investigado ocurrió el 6 de marzo de 2025, cuando agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) recibieron una alerta del ECU 9-1-1 sobre una presunta muerte violenta en el sector de La Mena del Hierro, en el norte de Quito.
Al llegar al lugar, los uniformados realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida de un hombre que presentaba heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.
Tras el crimen, Fiscalía inició las primeras diligencias investigativas, entre ellas la recolección de información, la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores y entrevistas a familiares de la víctima.
Posteriormente, las autoridades recibieron una alerta sobre un inmueble donde había sido abandonado un vehículo. Luego de las verificaciones correspondientes, se confirmó que el automotor pertenecía a la víctima y que había sido abandonado por Anderson J. A., quien fue identificado como el principal sospechoso.
Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal del caso presentó los testimonios de los agentes que participaron en el levantamiento del cadáver, la autopsia médico-legal —que determinó como causa de muerte las heridas provocadas por arma de fuego—, del agente investigador y de un familiar de la víctima.
Además, se incorporaron pericias técnicas, entre ellas la extracción de información de cámaras de seguridad, que evidenció la participación del sentenciado en el crimen, así como el testimonio de una perita en genética forense, quien estableció la presencia de material genético de Anderson J. A. en el vehículo utilizado por la víctima al momento de los hechos.
Base legal
El caso fue procesado por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, inciso 1, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este delito con una pena privativa de libertad de 26 a 30 años.