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Tres jueces postergaron el juicio del caso Triple A

La decisión fue adoptada por el Tribunal especializado en delitos de corrupción y crimen organizado, tras dejar sin efecto la audiencia de juzgamiento previamente convocada.

Tres jueces postergaron el juicio del caso Triple A
Tres jueces postergaron el juicio del caso Triple A. Imagen referencial

El Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado volvió a postergar de manera indefinida la audiencia de juzgamiento del denominado caso Triple A, proceso penal que investiga un presunto esquema de desvío, comercialización y almacenamiento ilegal de combustible subsidiado.

La resolución fue adoptada por los jueces Jorge Sánchez Pico, quien actúa como ponente, Gabriela Lara Tello y Consuelo Tapia Guerrón. La decisión se produjo luego de que la empresa FUELCORP, una de las partes procesales, presentara un recurso de aclaración y ampliación respecto de una resolución previa del mismo Tribunal.

Jueza Gabriela Lara Tello.
Jueza Gabriela Lara Tello.
Jueza Consuelo Tapia Guerrón.
Jueza Consuelo Tapia Guerrón.
Jorge Sánchez Pico
Juez Jorge Sánchez Pico.

Según el desarrollo procesal del caso, el Tribunal ya había negado anteriormente un pedido de nulidad planteado por la empresa. Posteriormente, la misma parte interpuso el recurso de aclaración y ampliación, mecanismo que, de acuerdo con la normativa vigente, tiene un alcance limitado y debe ser resuelto por el mismo órgano jurisdiccional, sin modificar el fondo de lo ya decidido.

Pese a ello, el Tribunal resolvió dejar sin efecto la audiencia de juzgamiento que estaba convocada, con el argumento de reflexionar sobre la resolución que adoptará frente al recurso presentado. Esta actuación derivó en una nueva suspensión del proceso, que ya ha sido postergado en al menos catorce ocasiones.


El caso Triple A involucra a 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien dentro de esta causa cumple una medida cautelar con dispositivo de vigilancia electrónica.

La nueva dilatación del proceso ha generado cuestionamientos en torno al manejo de los recursos procesales y al cumplimiento del principio de celeridad judicial, especialmente al tratarse de un Tribunal especializado en causas de corrupción y crimen organizado.

El caso vuelve a poner en el debate público la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales de garantizar una administración de justicia técnica, eficiente y oportuna en procesos de alto impacto nacional.

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