José Alejandro G. A. fue sentenciado a diez años de prisión como autor del delito de abuso sexual perpetrado contra una niña de cuatro años en Quito, informó la Fiscalía General del Estado este viernes 30 de enero de 2026.
Según la información oficial, el hecho ocurrió el primer fin de semana de abril de 2023, cuando la víctima se encontraba visitando la vivienda de su madre, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Habitualmente, la menor residía con su padre y su abuela paterna.
Durante el juicio, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género No. 1 de Tumbaco demostró la responsabilidad penal del sentenciado mediante testimonios y pruebas documentales. Entre los elementos presentados constó el testimonio de la abuela paterna, quien relató que su nieta le contó, con sus propias palabras, las agresiones sufridas.
En su testimonio anticipado, la niña manifestó que no le gustaba visitar la casa de su madre. Además, en la cámara de Gesell de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, identificó al agresor al reconocer su fotografía entre un grupo de diez imágenes con personas de características similares.
El padre de la víctima indicó que su hija presentó cambios en su comportamiento, mostrándose más alerta y temerosa de que “algo malo le fuera a pasar”. Peritas en psicología y trabajo social señalaron que el entorno de cuidado brindado por el padre y el círculo familiar ha contribuido a reducir la sintomatología, y que debido a su corta edad, la niña aún no dimensiona plenamente las consecuencias del delito.
Durante la diligencia, la madre de la menor intentó desviar la atención de los hechos al señalar que una docente le habría informado que su hija fue tocada por un compañero. Sin embargo, la profesora aclaró que no existen reportes de este tipo en la institución educativa. El procesado, quien era novio de una amiga de la madre de la víctima, negó conocer a la niña y los motivos de la denuncia.
Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal de Garantías Penales impuso al sentenciado una multa equivalente a cuarenta salarios básicos unificados y ordenó una reparación integral de 5.000 dólares a favor de la víctima.
El caso fue procesado con base en el artículo 170, incisos primero y tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).