Pedro Abril, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y uno de los funcionarios detenidos en el denominado caso Jaque, aseguró que los hechos que hoy se investigan ya fueron denunciados por él ante la Fiscalía General del Estado, días antes de los allanamientos realizados a nivel nacional.
A través de una publicación en su perfil personal de Facebook, Abril rechazó las versiones difundidas públicamente y sostuvo que presentó una denuncia formal el pasado 20 de enero de 2026. “Esta denuncia la presenté de manera voluntaria, con responsabilidad y dentro del marco de la ley, con el único objetivo de que los hechos sean investigados y esclarecidos”, escribió.
En su mensaje, el funcionario detenido señaló que no teme a la verdad y expresó su confianza en que el proceso judicial permitirá que su nombre sea evaluado “por los hechos y no por titulares”. En la publicación también adjuntó imágenes que corresponderían a las denuncias ingresadas ante Fiscalía.
Las declaraciones se producen en el contexto de un amplio operativo ejecutado la madrugada del viernes 30 de enero de 2026, cuando la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional allanaron oficinas de la ANT en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada al interior de la institución.
Según información oficial, ocho funcionarios de la ANT —entre ellos el director nacional— fueron detenidos por su presunta participación en una red dedicada al cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar trámites. La Fiscalía indicó que la investigación se inició en julio de 2025, tras detectar movimientos irregulares y denuncias internas.
De forma paralela, se ejecutaron 23 allanamientos en viviendas de los implicados, donde se incautaron fajos de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, licencias de conducir, joyas y documentación. Las autoridades informaron que, en total, se decomisaron 53.510 dólares, además de un arma de fuego, dos alimentadoras y 29 cartuchos.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que los funcionarios detenidos estarían presuntamente vinculados al grupo delictivo organizado Los Choneros. Según la autoridad, la red cobraba entre 150 y 200 dólares por la entrega ilegal de licencias de conducir a domicilio y la asignación irregular de frecuencias, lo que habría generado un perjuicio económico superior a los 3 millones de dólares.
Como medida inmediata, el Gobierno dispuso el cierre de todas las oficinas de la ANT a escala nacional por un periodo de 30 días, mientras se revisan los sistemas informáticos, procesos internos y se ejecuta la reestructuración institucional.
Las investigaciones continúan y las autoridades anunciaron que en las próximas horas se informará cómo se restablecerán los servicios de tránsito a nivel nacional.