Para este sábado 31 de enero de 2026 está prevista la audiencia de juicio del caso Triple A en el Complejo Judicial Norte de Quito, luego de que el pasado 24 de diciembre de 2025 no se instalara debido a la inasistencia de los abogados de una empresa implicada y de uno de los procesados, quienes presentaron certificados médicos alegando enfermedad.
Sin embargo, Christian Puente, director ejecutivo encargado de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), entidad que actúa como parte acusadora en esta causa, denunció que la defensa de los procesados ha implementado una nueva estrategia dilatoria sistemática para impedir la instalación del juicio.
Una de las empresas procesadas por el presunto delito de distribución ilegal de combustible solicitó la nulidad del tribunal que conoce la causa, a tan solo dos días de la audiencia.
Se trata de Fuelcorp, que presentó una objeción formal por supuestas irregularidades en la designación del juez que reemplazó a Carlos Serrano, quien renunció tras el retiro de su esquema de seguridad luego de sentenciar a un narcotraficante de origen serbio.
“Este es un incidente que deberá resolver el Tribunal antes de instalar la audiencia de juicio. Parece que el sábado hablaremos de jueces y no de delitos. Quieren dejar el tema de los galones para después”, escribió Puente en sus redes sociales.
Por ello, Fuelcorp exige que el proceso retroceda al estado anterior al 19 de diciembre, cuando la jueza Tapia Guerrón reemplazó a Carlos Serrano.
Más cambios en la defensa:
Asimismo, Puente informó que dos procesados más han cambiado de abogados y solicitaron copias certificadas del expediente, lo que calificó como un nuevo intento de dilatar la audiencia, en un proceso donde ya se han registrado 13 audiencias fallidas.
Ante este escenario, el titular de la ARCH aseguró que se contará con cuatro defensores públicos como respaldo, quienes ya recibieron el expediente judicial para evitar una nueva suspensión del juicio.
El Tribunal deberá resolver estos pedidos, lo que podría provocar un nuevo retraso en uno de los casos judiciales más mediáticos del país.