Tras más de un año de dilaciones, suspensiones y argumentos cruzados, el juicio por el llamado Caso Triple A se instalará este sábado 31 de enero de 2026 a las 08:30, y continuará el domingo 1 de febrero, en el Complejo Judicial Norte de Quito.
El principal implicado es el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, procesado junto a otras 21 personas y 6 empresas, por el presunto delito de comercialización y distribución ilegal de combustibles subsidiados.
Una causa marcada por reiteradas dilaciones:
A lo largo del proceso, la instalación del juicio ha sido postergada en al menos 13 ocasiones, debido a una serie de acciones impulsadas por el equipo defensor de los procesados.
Entre estas constan cambios reiterados de abogados, presentación de certificados médicos por hemorroides o dolor de muelas, solicitudes de nulidad, pedidos de copias certificadas del expediente, así como otros incidentes planteados a pocos días —e incluso horas— de las audiencias previamente convocadas.
Uno de los intentos más recientes para diferir la diligencia fue presentado por la empresa Fuelcorp, que solicitó la nulidad del tribunal que conoce la causa, argumentando supuestas irregularidades en la designación de uno de los jueces.
Este pedido deberá ser resuelto por el Tribunal antes de la instalación de la audiencia de este sábado.
De manera adicional, dos procesados cambiaron recientemente de defensa técnica y solicitaron tiempo para revisar el expediente.
Para la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), estas acciones forman parte de una estrategia reiterada de dilación que ha impedido, hasta ahora, el avance del proceso.
Ante este escenario, la justicia contará con defensores públicos de respaldo, ya notificados y con pleno conocimiento del expediente, con el objetivo de evitar nuevas suspensiones y garantizar que la audiencia se lleve a cabo conforme a lo previsto.
El rol de Aquiles Álvarez y su defensa
Aquiles Álvarez, quien desde mayo de 2023 ejerce como alcalde de Guayaquil, ha denunciado reiteradamente que el proceso judicial en su contra es parte de una "persecución política" y ha apuntado directamente contra el gobierno nacional, encabezado por el presidente Daniel Noboa.
En varios pronunciamientos en redes sociales y ruedas de prensa, Álvarez ha afirmado que el caso es una estrategia para impedir su proyección política futura y para distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas del país como la inseguridad, la crisis hospitalaria y el desempleo.
Su defensa legal sostiene que él no tuvo participación directa en ninguna red de distribución ilegal de hidrocarburos y que las empresas involucradas actuaban como intermediarias contractuales entre Petroecuador y las estaciones de servicio.
Alegan también que no existen pruebas materiales que vinculen a Álvarez con el supuesto delito, y que los contratos no lo obligaban a ejercer control sobre terceros.
La ARCH asegura tener pruebas contundentes
Frente a los reiterados intentos de postergación, la ARCH ratificó que cuenta con pruebas sólidas y suficientes para sustentar la acusación durante la audiencia de juicio.
Christian Puente, director ejecutivo encargado de la institución, señaló que se han reunido 185 elementos probatorios, entre prueba testimonial, pericial y documental, que permitirán sustentar cada uno de los hechos investigados.
“Tenemos pruebas contundentes que explican con claridad cómo operaba este esquema. Lo que va a resultar interesante es observar cómo los procesados intentan refutar hechos que están ampliamente documentados”, manifestó.
Uno de los ejes centrales de la investigación se concentra en la provincia de Manabí, donde los acusados deberán justificar el destino de 10 millones de galones de combustible naviero. De acuerdo con los registros oficiales de la propia ARCH, en esta provincia existe únicamente un tanque de almacenamiento con capacidad para 250.000 galones, lo que deja 9,75 millones de galones sin una ubicación física conocida.
“Si esos volúmenes estuvieran almacenados, deberían encontrarse en algún lugar físico debidamente registrado. Sin embargo, no existe infraestructura que respalde esa cantidad de combustible”, precisó Puente, quien no descartó que el producto haya sido comercializado de manera fraudulenta.
Otro hallazgo relevante se localiza en Zamora Chinchipe, zona fronteriza identificada como foco de minería ilegal. En esta provincia se detectaron ventas de hasta 500.000 galones de combustible en una sola estación de servicio a vehículos sin placas, una práctica que, según la ARCH, constituye una infracción grave a la normativa hidrocarburífera vigente.
Las imputaciones de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado ha sido contundente en su argumentación: según su investigación, entre 2020 y 2023 se desviaron más de 22 millones de galones de diésel subsidiado, generando un perjuicio estatal de 61,5 millones de dólares, correspondiente a más de 2,2 millones de galones de diésel y gasolina.
Para la Fiscalía, las comercializadoras tenían obligaciones contractuales claras de control sobre su red de distribución y no las cumplieron.
En este sentido, han anunciado la presentación de más de 110 testigos y peritos durante el juicio para sostener su tesis.
Expectativa por la instalación final
Con la audiencia convocada para este 31 de enero, se espera finalmente dar inicio al proceso de juzgamiento.
Esta vez, el tribunal ha solicitado con antelación que no se acepten nuevos diferimientos injustificados, y ha advertido que se podrá aplicar la figura de abandono de defensa si los abogados no comparecen sin justificación válida.
La ciudadanía y medios de comunicación han mostrado gran interés en este proceso. Diversos actores políticos también están atentos, pues el desenlace de este juicio podría tener consecuencias en el mapa electoral de cara a las elecciones seccionales de 2027.