El Centro Comercial Montúfar, situado en pleno Centro Histórico de Quito, volvió a colocarse en el centro del debate público tras denuncias ciudadanas que alertan sobre la presunta venta de objetos robados, principalmente dispositivos tecnológicos.
Estas alertas motivaron recientes operativos de la Policía Nacional en los alrededores del inmueble.
Durante una de las intervenciones, tres personas fueron retenidas al encontrarse en posesión de varios teléfonos celulares, una consola de videojuegos y dinero falsificado, sin poder justificar su procedencia.
El hecho intensificó la preocupación de vecinos y usuarios que frecuentan la zona.
Comerciantes rechazan acusaciones
Los más de 350 comerciantes que laboran en el centro comercial rechazaron de forma categórica los señalamientos.
Aseguran que bandas delictivas manipulan la geolocalización de celulares robados para que los dispositivos aparezcan dentro del establecimiento, con el objetivo de responsabilizarlos injustamente.
Como respuesta, la administración del Montúfar anunció medidas internas más estrictas, que incluyen multas económicas y suspensiones de hasta 30 días para quienes sean sorprendidos comercializando artículos de origen ilícito, en especial celulares.
Municipio evalúa la expropiación
Ante la reiteración de denuncias, concejales del Municipio de Quito analizan la posible expropiación del inmueble como una alternativa para frenar actividades ilegales y recuperar el espacio.
Sin embargo, la medida enfrenta obstáculos legales, ya que menos del 20 % de los locales pertenece al Municipio, mientras el resto es de propiedad privada.
Entre 2024 y 2025, las autoridades municipales ejecutaron 34 clausuras por falta de licencias de funcionamiento, lo que evidencia problemas estructurales en la administración del lugar.
Un futuro aún sin definición
El Patronato San José, que debía asumir la gestión de los espacios municipales, aún no ha concretado acciones.
Mientras tanto, el futuro del Centro Comercial Montúfar sigue en incertidumbre.
Comerciantes y vecinos coinciden en la necesidad de combatir la delincuencia, pero piden soluciones que no perjudiquen el derecho al trabajo ni estigmaticen a quienes dependen del comercio formal para subsistir.