Una adolescente de 16 años, identificada con las iniciales M. C. Z., denunció haber sido víctima de abusos sexuales reiterados por parte de su padrastro, Juan Zelada Salazar, desde que tenía 11 años, en un caso que ha generado conmoción en la región de Cajamarca, al norte de Perú.
Como consecuencia de estas agresiones, la menor es actualmente madre de tres niños, de 4 años, 3 años y 8 meses de edad, quienes —según su testimonio— habrían nacido producto de las violaciones.
Denuncias sin respuesta y presunta negligencia policial
Uno de los aspectos más graves del caso es la presunta inacción de la Policía Nacional del Perú (PNP). De acuerdo con la adolescente, presentó al menos siete denuncias en distintas comisarías de Cajamarca, sin que se haya concretado la detención del presunto agresor, quien continúa en libertad.
“Está libre, como si no tuviera ninguna denuncia”, manifestó la menor, quien decidió trasladarse desde el distrito de La Encañada hasta la ciudad de Cajamarca para buscar apoyo en las rondas campesinas, ante la desconfianza en las autoridades ordinarias.
Señalamientos contra la madre y ocultamiento de los hechos
La adolescente también acusó a su madre, Esther Chunque, de ser presunta cómplice de los abusos. Según su relato, la mujer conocía los hechos y la habría sometido a maltratos físicos y psicológicos para evitar que el caso trascendiera.
Además, los tres hijos de la menor no cuentan con Documento Nacional de Identidad (DNI). La denuncia sostiene que la madre habría impedido el registro de los niños para ocultar la identidad del padre y retrasar cualquier investigación hasta que la víctima alcanzara la mayoría de edad.
Intervención de la tía y nuevas denuncias
El caso salió a la luz tras la intervención de Agustina Chunque Quiliche, tía de la adolescente, quien aseguró haber presenciado agresiones físicas contra su sobrina por parte del presunto agresor, incluso un episodio en el que uno de los bebés habría sido arrojado violentamente al suelo.
Tras defender a la menor, la tía acogió a la adolescente y a sus hijos, pero denunció estar siendo víctima de amenazas, hostigamiento y agresiones por parte de la madre de la víctima y otros familiares que, según dijo, buscan proteger al presunto agresor.
“Solo por defender a la niña me han golpeado y amenazado. Los niños están totalmente abandonados”, declaró.
El caso ha reabierto el debate en Perú sobre la protección de menores, la respuesta del sistema de justicia y la responsabilidad de las autoridades frente a denuncias reiteradas de violencia sexual.
