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Ecuador grava con un 30% a Colombia por desprotección en la frontera: expertos opinan

El Gobierno de Daniel Noboa impone un arancel de seguridad del 30% a productos colombianos ante la inacción de Bogotá contra el narcotráfico. Análisis y cifras aquí.

Metro
Ecuador endurece su política comercial frente a la inacción de Bogotá. La nueva tasa del 30% busca compensar el esfuerzo del Estado ecuatoriano en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

En una decisión que prioriza la seguridad nacional y la integridad territorial, el presidente Daniel Noboa anunció la implementación de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia.

La medida, que entrará en vigor el 1 de febrero, surge como una respuesta estratégica y necesaria ante la falta de una cooperación recíproca por parte de Bogotá en el control de amenazas compartidas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Mientras las Fuerzas Armadas de Ecuador despliegan esfuerzos en la frontera norte, la administración de Noboa ha detectado un vacío de compromiso en el lado vecino.

El economista Fernando Zambrano, docente de la UIDE, contextualiza el peso de esta medida sobre sectores específicos:


“El anuncio del presidente impactará sectores clave, como el sector farmacéutico (medicinas) e insumos industriales, pero esto debe leerse bajo el riesgo de represalia que asumimos por defender a la frontera", señala Zambrano.

Para el experto, la decisión es un llamado a la acción: “Existe un riesgo de represalia por dos vías: la comercial directa o la administrativa que fiscalizará de forma dura”, advierte.

Estabilización y defensa de la producción

La medida no solo responde a una crisis de seguridad, sino que busca equilibrar una relación comercial históricamente desfavorable.

En 2024, el comercio no petrolero con Colombia cerró con un déficit de USD 919 millones para Ecuador. La tasa del 30% actúa, en este sentido, como un mecanismo de compensación por el alto costo operativo que Ecuador asume en solitario para blindar la región.

Por su parte, la economista Melissa Loor, economista docente UIDE Campus Guayaquil, destaca que, si bien el ajuste de precios es una realidad técnica en economías dolarizadas, la medida obliga a una necesaria reorganización del mercado.

“Ecuador es un país dolarizado, por lo tanto no tenemos una válvula cambiaria que nos permita amortiguar el ajuste”, explica Loor, añadiendo que “en la economía lo normal es el traslado parcial en el corto plazo, siendo más completo en el mediano plazo”.

Sin embargo, Loor apunta a una oportunidad de fortalecimiento interno: “Una subida de precios formales suele empujar más informalidad si no hay control, pero también abre un escenario donde importaciones cambian de origen o se fortalecen los productores locales que pueden escalar”.

Sectores bajo revisión estratégica

El Gobierno ha identificado que productos como cosméticos, plásticos, vehículos y químicos concentran el 40% de la importación desde Colombia. Al encarecer estos rubros, se incentiva la búsqueda de proveedores más comprometidos con la estabilidad regional (como Perú, EEUU o Asia), diversificando el riesgo país.

Además, el Gobierno ha identificado ejes estratégicos para salvaguardar la estabilidad del país: en el sector farmacéutico, resulta imperativo diversificar los proveedores fuera de la zona andina para evitar desabastecimientos; en el ámbito de la electricidad, se prioriza la defensa del Sistema Nacional Interconectado mediante planes de contingencia ante la interrupción de la venta de energía desde Colombia.

Finalmente, en el sector de consumo masivo, se abre una ventana de oportunidad para que la industria local sustituya productos importados, fortaleciendo así la producción nacional y el empleo.

Para Ecuador, la integración comercial no puede existir sin corresponsabilidad en seguridad. Por ello, la tasa del 30% se mantendrá, según el Ejecutivo, hasta que Colombia iguale el nivel de seriedad y decisión con el que Ecuador enfrenta hoy al crimen transnacional.

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