Fiscalía procesó a Rosendo Andrés L. P. y Carlos Fernando B. L. por su presunta participación en el asesinato del abogado Víctor Tomalá, ocurrido la tarde del 20 de enero de 2026 en el sector conocido como La Y, en la vía a Ancón, en la provincia de Santa Elena.
Ambos ciudadanos fueron aprehendidos en flagrancia por personal policial cuando huían del lugar tras cometer el hecho violento, según informó el Ministerio Público.
Persecución y captura
De acuerdo con el parte informativo elaborado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased), tras recibir la alerta sobre una muerte violenta, la Policía ejecutó un operativo de localización en el sector.
Durante el patrullaje, los agentes identificaron a dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes se desplazaban en dirección al cantón Santa Elena. Al iniciar la persecución, los sospechosos dispararon contra el personal policial, que repelió el ataque.
Como resultado del enfrentamiento, los presuntos agresores resultaron heridos, abandonaron la motocicleta e intentaron huir a pie hacia una zona de vegetación. Finalmente, fueron capturados en el sector de Entre Ríos.
Evidencias recabadas
En el procedimiento, la Policía recuperó un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, y la motocicleta que habría sido utilizada por los implicados. En el lugar del crimen se levantaron trece indicios balísticos, además de retenerse el vehículo en el que se movilizaba la víctima.
Todas las evidencias fueron ingresadas a la cadena de custodia de la Policía Judicial para las pericias correspondientes.
Audiencia y medidas judiciales
Los aprehendidos fueron trasladados a la Unidad Judicial Multicompetente del cantón y puestos a órdenes de la autoridad competente. En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal del caso presentó varios elementos de convicción.
Entre ellos constan el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes intervinientes, la denuncia de los familiares de la víctima, el acta de levantamiento del cadáver, el informe de autopsia, así como los informes del reconocimiento del lugar de los hechos y de inspección técnica ocular.
Tras analizar lo expuesto, el juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra los dos procesados. Además, dispuso medidas de protección a favor de los familiares de la víctima, conforme al artículo 558, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La instrucción fiscal en esta causa tendrá una duración de 30 días.
Sustento legal
El delito de asesinato está tipificado en el artículo 140, inciso primero, numeral 2, del COIP, y se sanciona con pena privativa de libertad de 26 a 30 años, según la normativa penal vigente en Ecuador.