La controversia por el pedido de traslado penitenciario del exteniente de Policía Germán Fernando Cáceres del Salto, sentenciado por el femicidio de la abogada María Belén Bernal, sumó un nuevo elemento. Elizabeth Cáceres, hermana del sentenciado, envió una carta a Metro Ecuador en la que rechaza que su familiar busque volver a la Cárcel 4 de Quito y sostiene que la apelación presentada responde al ejercicio de un derecho legal y no a la obtención de privilegios.
La comunicación fue remitida tras la publicación de la nota sobre la audiencia convocada por la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Guayaquil, en la que se revisará la apelación a la decisión administrativa de traslado dentro del sistema penitenciario.
La postura de la familia del sentenciado
En su carta, Elizabeth Cáceres cita disposiciones de la Constitución y del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para argumentar que toda persona privada de la libertad tiene derecho a la defensa y a impugnar decisiones administrativas que afecten su situación penitenciaria.
Según señala, la normativa vigente —en particular los artículos 668.1 y 668.2 del COIP— permite a las personas sentenciadas apelar judicialmente los traslados ordenados o negados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), bajo causales específicas establecidas en la ley.
En ese contexto, afirma que es incorrecto señalar que Germán Cáceres pretenda regresar al Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha N.º 2, conocido como Cárcel 4. De acuerdo con la carta, la apelación estaría dirigida a un eventual traslado al Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1.
Asimismo, precisa que el sentenciado no se encuentra actualmente en la Penitenciaría del Litoral, sino en el Centro de Rehabilitación Social Guayas N.º 4, lo que —según su versión— también debería ser tomado en cuenta al momento de informar sobre el caso.
Debate sobre “privilegios” y derechos
La hermana del exagente policial cuestiona que el pedido de traslado sea interpretado como un intento de obtener beneficios penitenciarios. En su criterio, la apelación constituye un derecho reconocido por la ley y aplicable a cualquier persona privada de la libertad que considere afectadas sus garantías.
Además, sostiene que el sistema penitenciario ecuatoriano establece derechos y obligaciones claras para las personas privadas de libertad, como el acceso a programas de rehabilitación, atención integral y resguardo de su integridad física y psicológica, los cuales —afirma— deben ser vigilados tanto por el Estado como por sus familias.
La posición de la familia de la víctima
El pedido de traslado ha generado un fuerte rechazo por parte de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, quien ha manifestado públicamente su oposición a que Germán Cáceres sea trasladado a un centro que, a su criterio, podría implicar mejores condiciones de reclusión.
Otavalo ha señalado que el sentenciado debería permanecer en el centro penitenciario donde cumple actualmente su condena o ser trasladado a otro establecimiento de mayor seguridad, y ha insistido en que se debe considerar el impacto del proceso judicial en las víctimas.
“Respeto el debido proceso, pero es inaudito que el femicida de mi hija apele un traslado de cárcel para conseguir privilegios”, expresó este miércoles 21 de enero de 2026, al tiempo que llamó a la administración de justicia a sentar precedentes para evitar la repetición de hechos de violencia contra las mujeres.
Audiencia pendiente de resolución
La audiencia para revisar la apelación fue convocada por el juez de Garantías Penitenciarias José Macías y se desarrolló de forma telemática este jueves 22 de enero de 2026, a partir de las 09h00, mediante el sistema de videoconferencia del Consejo de la Judicatura.
Durante la diligencia, las autoridades penitenciarias deberán presentar informes técnicos y jurídicos relacionados con la situación del interno, incluidos el prontuario penitenciario y la documentación emitida por el SNAI sobre el traslado. La comparecencia de Germán Cáceres se realizará vía videoconferencia.
Hasta que el juez emita una resolución, el pedido de traslado continúa en análisis. El caso vuelve a evidenciar la tensión entre el reclamo de justicia de las víctimas y el ejercicio de los derechos reconocidos a las personas privadas de la libertad dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.