Un Tribunal de Justicia sentenció a 22 años de prisión a Ricky B., tras ser hallado culpable del delito de violación contra una adolescente de 12 años, ocurrido en el cantón Manta, provincia de Manabí.
La condena fue dictada luego de que, durante la audiencia de juicio, Fiscalía demostrara su responsabilidad penal con base en pruebas periciales, testimoniales y documentales que evidenciaron la agresión sexual y las graves secuelas físicas y emocionales en la víctima.
Los hechos
De acuerdo con la investigación fiscal, la adolescente vivía en el mismo inmueble junto a su madre, el conviviente de ella y el hijo de este último, hoy sentenciado. El día del delito, el agresor invitó a la menor a comer y, mediante engaños y amenazas, la trasladó hasta un motel, donde consumó la violación.
Posteriormente, el sentenciado amenazó a la víctima para que no contara lo sucedido. A pesar de ello, la adolescente relató lo ocurrido a su madre, quien inicialmente no le creyó. Más tarde, la menor informó a su padre, quien presentó la denuncia ante Fiscalía, permitiendo el inicio de las diligencias investigativas.
Pruebas determinantes
Durante el juicio, Fiscalía presentó como elementos clave los exámenes médico-legales y psicológicos practicados a la víctima, los cuales confirmaron lesiones físicas y afectaciones emocionales compatibles con una agresión sexual.
Asimismo, una pericia de entorno social determinó que la adolescente se encontraba en una condición de vulnerabilidad y era víctima de acoso constante. A ello se sumó la reproducción del testimonio anticipado de la menor, en el que detalló la forma en que ocurrieron los hechos, versión que coincidió con otros testimonios y pericias incorporadas al proceso.
Tras analizar los argumentos y pruebas presentadas por las partes procesales, el Tribunal resolvió imponer la pena máxima prevista en la ley para este delito.
Sustento legal
El delito de violación está tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con penas privativas de libertad de 19 a 22 años, dependiendo de las circunstancias del caso. En este proceso, los jueces consideraron la gravedad de los hechos y la edad de la víctima para dictar la sentencia más severa.