Las publicaciones del medio Ecuavisa, que confirmaron comunicaciones por videollamada entre la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, y el narcotraficante fallecido Leandro Norero, provocaron una reacción pública de la exfiscal general del Estado, Diana Salazar, actual embajadora de Ecuador en Argentina.
Las conversaciones forman parte del expediente del caso Metástasis y han vuelto a encender el debate político y judicial en el país tras la revelación de nueva información que involucra a más personas.
Salazar sostuvo que la decisión de la Revolución Ciudadana de remitir a Vargas a su Comité de Ética constituye un reconocimiento implícito de la autenticidad de los chats.
“Hoy se evidencia que mi salida del país respondió a razones de seguridad. Nunca me van a dejar en paz por haber destapado el mayor caso de corrupción en la historia del Ecuador”, afirmó la exfuncionaria.
Revolución Ciudadana desconocía la información del caso Metástasis:
Los mensajes atribuidos a Norero datan de 2022 y fueron difundidos públicamente desde diciembre de 2023.
En enero de 2024, el expresidente Rafael Correa negó la veracidad del contenido y aseguró no conocer a Vargas ni a Mayra Salazar durante la fecha de las conversaciones.
Incluso calificó los chats como falsos en entrevistas y redes sociales.
No obstante, con el paso de los meses surgieron elementos que contradijeron esa versión, como la difusión de un video en el que Correa aparece bailando con Vargas y una fotografía oficial de campaña correspondiente a 2023.
Comité de Ética evalúa sanciones
Ante el impacto político del caso, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, anunció que el expediente fue remitido al Comité de Ética del movimiento, presidido por Gustavo Jalkh.
La dirigencia no descarta una eventual expulsión de la alcaldesa Vargas, mientras se analizan los antecedentes y pruebas disponibles.
Cambio de discurso de la alcaldesa
En diciembre de 2023, Vargas negó cualquier vínculo con Norero y rechazó las acusaciones en un video público.
Sin embargo, la entonces fiscal Diana Salazar la contradijo, señalando la existencia de material audiovisual que evidenciaría una relación personal entre ambos.
Actualmente, Vargas ya no desconoce los vínculos y, en un reciente comunicado, afirmó que nunca ha ocultado su historia, insistiendo en que su vida privada no constituye un delito.
Pese a la polémica, continúa en funciones al frente del cantón Simón Bolívar, en la provincia del Guayas, una de las zonas más golpeadas por la violencia asociada al narcotráfico.