El presidente Daniel Noboa anunció que Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1 de febrero de 2026.
La medida fue comunicada oficialmente a través de la plataforma X, y responde, según el mandatario, a la falta de cooperación efectiva del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transfronterizos.
Justificación de la medida
Noboa afirmó que, a pesar de los esfuerzos de cooperación con Colombia —incluyendo un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales—, las fuerzas ecuatorianas continúan enfrentando a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera sin apoyo recíproco de las autoridades del país vecino.
Por ello, el Ejecutivo determinó establecer un arancel adicional del 30%, denominado oficialmente “tasa de seguridad”, que estará vigente hasta que exista un compromiso real para enfrentar conjuntamente el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
El presidente también ha señalado que esta tarifa puede ser utilizada para financiar medidas de seguridad y control fronterizo, pues “la seguridad, la tecnología y el control fronterizo cuestan”, en un contexto de persistente violencia criminal en zonas limítrofes.
Reacción de Colombia:
Pese a la decisión ecuatoriana, el Ministerio de Defensa de Colombia reafirmó su “compromiso con la cooperación bilateral” en materia de seguridad.
Las autoridades colombianas destacaron esfuerzos conjuntos, como operativos de incautación de drogas en zonas fronterizas, y subrayaron la importancia del intercambio de información y coordinación para enfrentar el narcotráfico transnacional.
Impacto económico y político
La tasa del 30% podría tener repercusiones tanto económicas como diplomáticas, dado que Colombia es uno de los principales socios comerciales de Ecuador.
La medida no solo afecta productos importados, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación regional y los acuerdos comerciales, especialmente en el marco de la Comunidad Andina y otros mecanismos de integración.
El Gobierno colombiano aún no ha emitido una posición oficial detallada sobre la aplicación de la tasa, por lo que se espera que en los próximos días se definan posibles respuestas o negociaciones bilaterales para mitigar tensiones.