La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH) exhortó al tribunal del caso Triple A a evitar nuevos diferimientos en la audiencia de juicio, prevista para los días 30 y 31 de enero de 2026. El proceso acumula 13 suspensiones y casi 500 días de demora desde que se emitió el auto de llamamiento a juicio, en julio de 2025.
El director ejecutivo (e) de la ARCH, Christian Puente, informó en un comunicado y en entrevistas, que la entidad presentó un escrito formal ante el tribunal para advertir sobre el riesgo de que la causa vuelva a estancarse. “Esperemos que esta vez no se enfermen”, expresó Puente, en referencia a los reiterados certificados médicos y ausencias que han impedido el avance del caso.
“Lamentablemente esta práctica dilatoria sistemática, porque es un proceder recurrente, donde les ha sucedido de todo, han tenido problemas de hemorroides, han tenido problemas de muelas, han cambiado de abogados a último momento. Todo ha sucedido antes de que empiece la audiencia”, sostuvo Puente.
Un proceso con más de un año de postergaciones
Según el reporte institucional, las suspensiones se han dado en etapas clave: inicio de instrucción, vinculación de nuevos procesados y revisión de medidas cautelares. En todas, se registraron inasistencias de abogados defensores, renuncias de patrocinio y certificados médicos que justificaron su no comparecencia.
La audiencia más reciente, programada para el 24 de diciembre de 2025, fue declarada fallida por la ausencia de varios defensores. Desde entonces, la ARCH ha solicitado medidas para evitar que los mismos patrones de dilación se repitan.
“Estas prácticas afectan la credibilidad del sistema judicial y el principio de celeridad procesal”, señaló Puente. Añadió que si se detecta un uso indebido del sistema judicial, la institución analizará acciones legales para garantizar que el juicio avance conforme a la ley.
22 procesados y un caso de alto impacto económico
El proceso penal involucra a 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, procesado por el presunto delito relacionado con la venta irregular de combustibles subsidiados. Según la investigación, las operaciones habrían generado ganancias de aproximadamente un dólar por galón, en perjuicio del Estado.
La ARCH recordó que desde el llamamiento a juicio no se ha logrado instalar la fase de juzgamiento, pese a que la prueba documental y pericial se mantiene íntegra. Para evitar un nuevo aplazamiento, el tribunal designó defensores públicos que asistirán a los procesados si sus abogados particulares no comparecen.
“Quien nada teme, no teme al juicio”
Puente insistió en que la comparecencia de todos los acusados es indispensable para que el país conozca la verdad del caso.
“Quien nada teme, no teme al juicio, es así de fácil. Creo que la mayor tranquilidad que puede tener un inocente es acercarse a un tribunal y que se ratifique su estado de inocencia. Lo que genera dudas, justamente, son estás dilaciones”, afirmó.
Finalmente, reiteró su llamado a que Álvarez deje de dilatar el proceso y comparezca sin más excusas, advirtiendo que la justicia tardía también es una forma de injusticia y que el país exige respuestas claras en un caso que involucra recursos estratégicos del Estado.