La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Nelson Marcelo V. R. y Katya Dolores J. V., hermana de la víctima, por su presunta participación en el delito de asesinato ocurrido en Quito.
Según informó la Fiscalía, la jueza que conoció la causa acogió el pedido fiscal y dispuso prisión preventiva para ambos procesados, tras considerar que existen suficientes elementos de convicción recabados durante las primeras horas de investigación.
El hecho investigado habría ocurrido la noche del 9 de enero de 2026. Al día siguiente, agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 41 años al interior de un vehículo, en el kilómetro 3,5 de la vía a Papallacta.
De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima habría acudido a una finca familiar por solicitud de su hermana, Katya Dolores J. V., con el objetivo de retirar algunas pertenencias personales. La Fiscalía presume que la mujer habría contratado previamente a Nelson Marcelo V. R., alias “Conejo”, para que ejecute el crimen a cambio de 1.000 dólares.
Esa noche, la víctima habría recibido varios disparos que le causaron la muerte. Posteriormente, ambos procesados habrían trasladado el cuerpo hasta el interior de un vehículo, el cual fue abandonado más tarde en la vía a Papallacta.

Durante las diligencias iniciales, los agentes policiales entrevistaron a Katya Dolores J. V., quien habría mostrado una actitud nerviosa y poco colaborativa, además de inconsistencias en su versión. Por este motivo fue aprehendida y, durante su traslado, habría proporcionado detalles sobre la planificación del presunto crimen e indicado la participación de Nelson Marcelo V. R., quien fue detenido horas después en el sector de Pifo.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno presentó como elementos de convicción las versiones de los agentes aprehensores, el acta de levantamiento del cadáver, el informe forense de autopsia médico-legal, la cadena de custodia, el informe de inspección ocular técnica y otros informes periciales.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días. El caso se procesa con base en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato cuando la víctima es un familiar directo, con una pena privativa de libertad de 26 a 30 años.
