Un Tribunal de Garantías Penales con sede en Esmeraldas sentenció a Michael Eduardo B. A. a 34 años y 8 meses de prisión, al demostrarse su responsabilidad en el asesinato agravado de Patrick A., ocurrido en noviembre de 2022.
La condena se dictó con base en los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, que permitieron establecer la participación directa del ahora sentenciado en el crimen.
Video del crimen fue clave
Según el parte de aprehensión, Michael Eduardo B. A. fue detenido días después del asesinato por un presunto secuestro extorsivo, en una causa distinta. Durante ese procedimiento, la Policía incautó su teléfono celular, el cual fue sometido a pericias técnicas.
Del dispositivo se extrajeron grabaciones de video en las que se observa cómo el procesado registra el momento en que dispara contra la víctima, imágenes que se convirtieron en una de las pruebas determinantes del juicio.
De acuerdo con la investigación, Patrick A. falleció tras recibir ocho impactos de bala en el rostro y la cabeza.
Investigación fiscal
La causa fue conocida por tres agentes fiscales de la Unidad de Personas y Garantías de Esmeraldas, quienes impulsaron la investigación y sustentaron la acusación durante la etapa de juzgamiento.
En el transcurso del proceso se conoció, además, que el sentenciado es sobrino de alias ‘Negro Willy’, señalado como cabecilla del grupo delictivo “Los Tiguerones”, información que también fue incorporada dentro del expediente judicial.
Pruebas presentadas en juicio
Durante la audiencia, Fiscalía presentó como pruebas:
- El parte policial del hecho violento.
- El parte de aprehensión del procesado por otro presunto delito.
- El teléfono móvil con el video del asesinato.
- El acta de levantamiento del cadáver.
- El protocolo de autopsia.
- Pericias de Criminalística.
- El informe investigativo.
- Las versiones de los agentes aprehensores.
Reparación integral
Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal dispuso el pago de una reparación integral de 50.000 dólares a favor de los familiares de la víctima.
Base legal de la sentencia
El caso fue procesado por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con la aplicación de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 47, numerales 1 y 7, lo que derivó en la imposición de la pena máxima contemplada en la ley.