El asesinato de Luis Alfonso Jijón Villalba, ocurrido en la vía a Papallacta, podría acarrear penas de hasta 26 años de prisión para los procesados, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador. Así lo explicó Pablo Esteban Torres Campaña, abogado de la familia de la víctima, al referirse a las figuras penales que se analizan dentro del proceso judicial.
Asesinato y agravantes previstas en el COIP
Según el artículo 140 del COIP, el delito de asesinato se sanciona con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, cuando concurren determinadas circunstancias agravantes.
El jurista señaló que, en este caso, Fiscalía podría encuadrar los hechos dentro de varias de estas causales, entre ellas:
- El parentesco, ya que la norma establece como agravante que la persona infractora dé muerte a su hermana o hermano, circunstancia que, de confirmarse en sentencia, configuraría el delito de asesinato y no de homicidio.
- La planificación previa y la indefensión de la víctima, pues, según la versión de la defensa, Luis Alfonso Jijón habría sido citado a una propiedad bajo engaños, solicitado que acuda sin medios de defensa y sorprendido en un lugar apartado.
- El ocultamiento del delito, debido a que el cuerpo habría sido trasladado y el vehículo abandonado con el fin de desviar la investigación.
“De comprobarse estas circunstancias, la pena que contempla la ley no es menor, sino que va de 22 a 26 años de prisión, tanto para el autor material como para quien haya participado como autora intelectual”, explicó Torres Campaña.
Responsabilidad del autor material y de la autora intelectual
El abogado precisó que el COIP no distingue la gravedad de la pena entre quien ejecuta directamente el crimen y quien lo planifica o facilita, siempre que se pruebe la participación en el delito.
En ese sentido, la hermana de la víctima y el presunto autor material podrían enfrentar la misma sanción, si el tribunal determina que existió coautoría o autoría mediata en el asesinato.
“La ley es clara: quien prepara, facilita, ordena o encubre un asesinato responde penalmente de la misma manera que quien dispara”, señaló el defensor de la familia de Jijón Villalba.
Proceso judicial en desarrollo
Actualmente, el caso se encuentra en etapa de instrucción fiscal, con un plazo de 30 días para la recopilación de pruebas, pericias y testimonios. Durante esta fase, Fiscalía deberá sustentar si concurren las agravantes previstas en el artículo 140 del COIP.
La jueza que conoció la causa ratificó la prisión preventiva para los procesados, al considerar que existen elementos suficientes que justifican la medida, mientras se esclarecen los hechos.
El abogado de la víctima recalcó que será el tribunal de garantías penales el que, en su momento, determine la responsabilidad y la pena aplicable, en caso de una eventual sentencia condenatoria.
El crimen ha generado conmoción en Quito, no solo por la violencia del hecho, sino por tratarse de un presunto caso de fratricidio, una de las circunstancias más severamente sancionadas por la legislación penal ecuatoriana.