El estado de Chiapas, en el sur de México, vive momentos de indignación tras conocerse el caso de una niña de 10 años que permanece en estado crítico luego de dar a luz en San Cristóbal de las Casas. El hecho ha encendido las alertas de las autoridades por tratarse de un presunto caso de embarazo infantil vinculado a abuso sexual y cohabitación forzada.
La menor, identificada como Deysi “N”, enfrenta graves complicaciones de salud tras el parto, mientras que el recién nacido también permanece bajo estricta vigilancia médica.
Complicaciones graves tras el parto
Según el reporte médico, los especialistas detectaron daños severos en la niña después del alumbramiento. Entre las lesiones se identificaron aplastamiento de la vejiga y la uretra, además de afectaciones en otros tejidos internos, lo que compromete seriamente su recuperación.
El bebé nació dos semanas antes de lo previsto, luego de un parto prolongado, una situación asociada a la inmadurez física de la madre. Aunque el recién nacido logró sobrevivir, su estado de salud es delicado debido a las complicaciones que presentó al nacer.
El pronóstico de la menor continúa siendo reservado, con señales poco alentadoras, de acuerdo con el personal médico.
Un joven de 18 años se presentó como su “esposo”
El caso tomó mayor relevancia cuando se conoció que un joven de 18 años fue quien llevó a la niña al Hospital de la Mujer, identificándose como su esposo.El bajo peso de la menor —menos de 40 kilos— y su estatura —poco más de 1,20 metros— evidenciaron la falta de desarrollo físico necesario para enfrentar un embarazo y un parto.
Posteriormente, Deysi fue trasladada al Hospital de las Culturas, donde continúa internada bajo estricta observación médica.
Tras la denuncia presentada por un trabajador social ante la Fiscalía General del Estado, el joven que se identificó como esposo desapareció, generando incertidumbre sobre su paradero y su posible responsabilidad penal.
Fiscalía investiga posible abuso y matrimonio infantil
La denuncia activó una investigación oficial para determinar si el embarazo fue consecuencia de abuso sexual, violencia o cohabitación forzada, delitos que están prohibidos y severamente sancionados en México.
Las autoridades analizan el entorno familiar y social de la menor, así como la actuación de las personas que pudieron haber permitido, encubierto u omitido denunciar la situación.
¿Cómo se castiga el matrimonio y el abuso infantil en México?
El matrimonio infantil está prohibido en México desde las reformas al Código Civil Federal, que establecen los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones.
El artículo 148 del Código Civil Federal determina que solo las personas mayores de edad pueden casarse legalmente. Asimismo, el artículo 209 Quáter del Código Penal Federal tipifica como delito la cohabitación forzada de personas menores de 18 años, con penas que van de ocho a quince años de prisión, las cuales pueden aumentar si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana.
En los casos de abuso sexual o violación de menores, la legislación mexicana contempla penas de seis a veinte años de cárcel, además de multas económicas, dependiendo de la gravedad del delito y la entidad federativa.
Las sanciones también se aplican a familiares, autoridades o terceros que promuevan, faciliten, consientan u omitan impedir el matrimonio infantil o la cohabitación forzada.
Obligación de denunciar y acciones del Estado
Las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, están obligadas a notificar al Ministerio Público cuando atienden a niñas o adolescentes embarazadas, lo que activa protocolos de protección e investigación por posible violencia sexual.
En agosto de 2025, el Gobierno de México implementó una estrategia especial en 50 municipios con alta incidencia de embarazo infantil y violencia sexual. Esta iniciativa, coordinada por la Secretaría de Gobernación, busca prevenir los matrimonios forzados y garantizar la protección integral de niñas y adolescentes.
Un caso que conmociona al país
El caso de Deysi “N” ha generado conmoción e indignación social, y ha reabierto el debate sobre la violencia sexual contra menores, el embarazo infantil y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y protección en México.
Mientras avanzan las investigaciones, tanto la menor como su bebé continúan bajo observación médica estricta, enfrentando riesgos importantes para su vida y su salud, en un caso que podría derivar en responsabilidades penales graves.