La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado ecuatoriano adoptar medidas inmediatas y efectivas para evitar nuevas muertes en la Penitenciaría del Litoral, el centro penitenciario más grande y conflictivo del país.
La decisión se produce tras un alarmante incremento de fallecimientos de personas privadas de libertad, presuntamente relacionados con brotes de tuberculosis y graves deficiencias estructurales.
En un comunicado oficial, la CIDH informó que concedió medidas cautelares a los reclusos de esta prisión, ubicada en Guayaquil, al considerar que existe una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo los derechos a la vida, la salud y la integridad personal.
Condiciones críticas dentro del penal
Según la solicitud presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), los internos estarían expuestos a condiciones incompatibles con los estándares internacionales.
Entre los principales problemas se detallan el hacinamiento extremo, la falta de infraestructura adecuada, el acceso limitado a atención médica, la propagación de enfermedades infectocontagiosas, desnutrición y escasez de agua potable y alimentos suficientes.
Estas condiciones, de acuerdo con la CIDH, estarían directamente vinculadas a un número creciente de muertes dentro del penal, muchas de ellas aún sin causas esclarecidas por las autoridades competentes.
Respuesta estatal bajo observación
El Estado ecuatoriano informó que ha implementado acciones como programas de control y tratamiento de la tuberculosis, habilitación de espacios médicos, traslados de internos enfermos y políticas de salud penitenciaria.
No obstante, el organismo internacional concluyó que estas medidas no han sido suficientes para contener el riesgo ni garantizar una protección efectiva de los derechos fundamentales.
Por ello, la CIDH exigió asegurar atención médica especializada, acceso inmediato a medicamentos, realización de tamizajes integrales, provisión de alimentos nutritivos y agua potable, además de reducir el hacinamiento y garantizar el contacto de los presos con abogados y familiares.
Pedido de verificación y antecedentes recientes
La Comisión también solicitó autorización para realizar una visita in situ a la Penitenciaría del Litoral, con el fin de verificar la implementación real de las medidas ordenadas.
En marzo pasado, el Municipio de Guayaquil ya había advertido sobre una posible crisis sanitaria tras la muerte de cinco presos presuntamente infectados con tuberculosis. Desde entonces, decenas de fallecimientos se han registrado sin informes oficiales concluyentes.
Violencia y abandono estructural
La situación sanitaria se suma a la profunda crisis de seguridad que atraviesan las cárceles ecuatorianas. Desde 2021, cerca de 600 reclusos han sido asesinados en enfrentamientos entre bandas criminales, consolidando a los centros penitenciarios como uno de los principales focos de violencia del país.
La resolución de la CIDH coloca nuevamente a Ecuador bajo el escrutinio internacional y refuerza la presión para una reforma urgente del sistema penitenciario.