La captura de Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos en Caracas ha provocado una fuerte división en la opinión pública internacional.Mientras unos celebran la caída de un régimen señalado durante años por violaciones a los derechos humanos y vínculos con el narcotráfico, otros califican el operativo de Washington como una “invasión” a la soberanía venezolana.
Lo cierto es que, detrás de su detención, hay un expediente judicial contundente: el Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York acusa al líder chavista de liderar una estructura criminal de narcotráfico y lavado de dinero que operó durante más de dos décadas con apoyo de funcionarios del Estado venezolano.
Maduro fue trasladado a la Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, conocida como “el infierno de Nueva York”, donde permanece bajo custodia mientras enfrenta cargos federales.
Un régimen sostenido con cocaína
De acuerdo con el dictamen del Gran Jurado, “durante más de 25 años, los líderes de Venezuela abusaron de sus cargos públicos y corrompieron instituciones legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
El documento detalla que Maduro Moros participó activamente en la logística y protección de cargamentos de droga, así como en operaciones de lavado de activos mediante empresas y vuelos oficiales.
Entre los puntos más graves, se lo acusa de:
- Transportar grandes cantidades de cocaína bajo protección de las fuerzas armadas venezolanas mientras era miembro de la Asamblea Nacional.
- Otorgar pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, permitiendo su circulación sin controles fronterizos.
- Facilitar vuelos oficiales para repatriar dinero del narcotráfico desde México a Caracas cuando fue ministro de Relaciones Exteriores.
- Como presidente, permitir que la corrupción impulsada por la cocaína prosperara para beneficio personal, de su familia y de la élite militar chavista.
“El narcotráfico ha sido la base del poder político y económico de Venezuela, consolidando la riqueza de la familia Maduro y sus aliados”, señala la acusación presentada ante la Corte.
Los nombres que acompañan a Maduro
Las investigaciones estadounidenses no solo apuntan al expresidente, sino también a su círculo más cercano. Entre los implicados figuran:
- Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz.
- Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia.
- Cilia Adela Flores de Maduro, esposa de Nicolás Maduro y primera dama de Venezuela.
- Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias “Nicolasito” o “El Príncipe”, hijo de Maduro y actual diputado de la Asamblea Nacional.
- Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal Tren de Aragua.
El expediente sostiene que estos actores fueron parte de una alianza criminal político-militar, que operó desde 1999 con nexos directos con carteles de la droga y organizaciones terroristas de la región.
Una red que operó con carteles y grupos armados
La Corte estadounidense describe una red de cooperación entre el chavismo y organizaciones criminales como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.
Estas alianzas habrían permitido el transporte de cocaína a gran escala hacia Estados Unidos, así como el lavado de dinero mediante empresas y cuentas bancarias en México, Panamá y Venezuela.
El documento judicial especifica que “Niño Guerrero” lideró el Tren de Aragua durante más de una década, periodo en el que sus miembros participaron en extorsiones, secuestros, asesinatos, tráfico de armas, prostitución, explotación sexual y lavado de activos, con presencia en Venezuela, Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos.
Maduro enfrenta a la justicia en Nueva York
Nicolás Maduro se encuentra actualmente en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una de las prisiones más seguras y temidas del sistema federal estadounidense, donde también han estado detenidos narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Desde su arresto, la defensa del exmandatario ha argumentado que se trata de una detención política y ha solicitado a la Corte revisar la legalidad de la operación militar en Venezuela.
Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien autorizó la intervención, defendió la acción asegurando que “la justicia no puede ser rehén de dictadores protegidos por la corrupción y el narcotráfico”.
Implicaciones regionales y políticas
Analistas internacionales consideran que la caída de Maduro puede abrir una nueva etapa judicial en América Latina, ya que la información obtenida por la justicia estadounidense podría implicar a empresarios, militares y políticos que se beneficiaron de las operaciones de PDVSA y sus filiales.
Además, la investigación podría extenderse a países como México, Ecuador, Colombia y España, donde se habrían detectado flujos financieros vinculados al régimen chavista.