La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) anunció este lunes 5 de enero de 2026 que solicitará información al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el origen y la legalidad de los fondos utilizados en las campañas electorales del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
El anuncio se realizó en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, encabezada por la jefa de bancada, Valentina Centeno.
La iniciativa surge luego de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado 3 de enero, en una operación que lo vincula con delitos de narcotráfico.
ADN sostiene que existen indicios de posibles conexiones entre sectores del correísmo y el régimen madurista, en un contexto donde la ley ecuatoriana prohíbe de forma expresa el financiamiento político con recursos extranjeros.
Señalamientos sobre presuntos vínculos con narcotráfico
Centeno aseguró que la solicitud al CNE busca transparentar los aportes recibidos por Revolución Ciudadana, ante supuestos nexos con el denominado Cartel de los Soles, organización criminal que, según investigaciones internacionales, habría sido liderada por Maduro.
“En Ecuador está prohibido recibir recursos del exterior y, peor aún, si provienen de redes transnacionales de narcotráfico”, afirmó la legisladora.
Estas declaraciones coinciden con pronunciamientos previos del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien recordó investigaciones sobre pagos y contratos de Petróleos de Venezuela Ecuador S.A. que habrían beneficiado a actores vinculados al correísmo, entre ellos familiares de exfuncionarios y figuras cercanas a la excandidata presidencial Luisa González.
Debate político en la Asamblea Nacional
La comparecencia de ADN se dio antes de una sesión extraordinaria del Pleno, en la que estaba prevista la intervención del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.
Centeno sostuvo que existen “vínculos demostrados entre el régimen narcoterrorista y la Revolución Ciudadana” y acusó a ciertos sectores políticos de intentar desestabilizar al Gobierno de Daniel Noboa.
ADN también anunció que propondrá un pronunciamiento legislativo sobre los efectos del régimen venezolano en Ecuador, incluyendo la expansión del narcotráfico, el crimen organizado y el impacto migratorio.
No obstante, la Ley Orgánica de la Función Legislativa impide modificar el orden del día en sesiones extraordinarias.
Marco legal y posibles sanciones
El Código de la Democracia, en su artículo 360, prohíbe a las organizaciones políticas recibir aportes de Estados, empresas o instituciones extranjeras.
Las sanciones por financiamiento ilícito incluyen multas, suspensión de derechos políticos, pérdida de cargos e inhabilitaciones para participar en procesos electorales. En este escenario, la solicitud de ADN abre un nuevo capítulo en el debate sobre transparencia y financiamiento político en Ecuador.