Un Tribunal de Garantías Penales de El Oro sentenció a trece años de pena privativa de libertad a José Luis O., como autor directo del delito de prostitución forzada, cometido contra una persona menor de edad, informó la Fiscalía General del Estado.
La sentencia se emitió tras valorar las pruebas presentadas durante la audiencia de juzgamiento, las cuales permitieron establecer que el procesado se desempeñaba como administrador de un centro de tolerancia en la ciudad de Machala, donde mantenía trabajando a una adolescente de 17 años, quien era su conviviente desde que tenía 14 años. De esta relación, además, existe un hijo.
Los hechos
El caso se conoció el 19 de diciembre de 2024, cuando agentes policiales acudieron al establecimiento para realizar un control de rutina. Durante la verificación de documentos de identidad, la adolescente presentó una cédula correspondiente a una mujer mayor de edad, lo que alertó a los uniformados, quienes determinaron que el documento no le pertenecía.
Ante esta irregularidad, José Luis O. fue aprehendido en delito flagrante, y Fiscalía inició de inmediato el proceso penal en su contra.
Pruebas determinantes
Entre los elementos probatorios constaron el testimonio del perito que realizó el reconocimiento del lugar de los hechos y las declaraciones de los policías que intervinieron en la aprehensión, quienes confirmaron que la adolescente se encontraba en el interior de una habitación del establecimiento.
Si bien la víctima manifestó en su testimonio anticipado que trabajaba por voluntad propia y que no era obligada, las pericias técnicas, entre ellas la extracción y análisis de información telefónica, revelaron conversaciones en las que el sentenciado le exigía ejercer la prostitución.
Además, se comprobó que se habían creado páginas en internet para ofrecer los servicios sexuales de la adolescente, que él imponía los montos a cobrar y que incluso la reclamaba cuando no acudía al lugar de trabajo, lo que evidenció el control y la coacción ejercidos sobre la víctima.
Marco legal
Este caso fue judicializado por el delito de prostitución forzada, tipificado en el artículo 101, inciso primero, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La Fiscalía reiteró su compromiso de combatir los delitos de explotación sexual, especialmente aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes, y recordó la importancia de denunciar este tipo de hechos.