Con 14 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó la Ordenanza para la Sostenibilidad y Mejora del Servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos, una normativa que redefine el mecanismo de cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) y reforma la Contribución Especial de Mejoras (CEM), con el objetivo de garantizar equidad, sostenibilidad financiera y continuidad de servicios esenciales.
La ordenanza establece que la TRB se cobrará a través de la planilla de agua potable, luego de que el Gobierno Nacional suspendiera de forma unilateral su recaudación mediante la planilla eléctrica.
La nueva normativa se aplicará únicamente a las obras ejecutadas a partir de 2026 mediante presupuestos participativos, marcando un cambio estructural en la forma de financiar el desarrollo urbano en Quito.
Esta decisión afectó a varios municipios del país y obligó a Quito a replantear su modelo de financiamiento para el servicio de recolección y disposición final de residuos.
La administración municipal defendió que el nuevo esquema se basa en criterios técnicos y de justicia social, al vincular el valor de la tasa con el consumo de agua, un indicador directamente relacionado con la generación de basura.
Consumo de agua como base del cobro
De acuerdo con estudios municipales, existe una correlación del 92,49 % entre el consumo de agua potable y la cantidad de residuos generados.
Bajo este principio, la tarifa será progresiva: quienes consumen más agua, pagan más; quienes consumen menos, pagan menos.
Las proyecciones oficiales señalan que seis de cada diez usuarios pagarán lo mismo o incluso menos de lo que cancelaban cuando la tasa se cobraba junto a la planilla eléctrica.
En términos generales, el 59 % de los usuarios se beneficiará con un valor igual o inferior al anterior.
Alcance ampliado y reglas claras
La normativa también ordena y amplía el alcance del cobro. Se incorporan espacios de uso colectivo como mercados municipales, casas comunales, estadios y ligas barriales.
Además, se establece un plazo de seis meses para diseñar un modelo específico de cobro para el sector industrial, considerando sus particularidades operativas.
Asimismo, se aclara que los organizadores de eventos públicos deberán asumir la Tasa de Servicio de Aseo en Eventos Públicos u Otros (TOSA), evitando que ese costo recaiga sobre el resto de la ciudadanía.
Menor carga económica para los vecinos
La reforma introduce cuatro niveles de aplicación: local, parroquial, zonal y distrital.
Además, amplía el plazo máximo de pago de 10 a 20 años, lo que permitirá cuotas más bajas y accesibles. En la práctica, un vecino que antes podía pagar hasta USD 500 por la rehabilitación de su calle podría llegar a cancelar apenas un dólar, al distribuirse el costo entre todos los beneficiarios.