Más de 900 familias, copropietarias del macrolote donde se construirá el Complejo Ambiental, recibirán el pago de sus indemnizaciones, gracias a un trabajo coordinado entre el Municipio de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS EP), y los representantes del Comité El Paraíso.
Tras un proceso de expropiación iniciado en 2023, estos ciudadanos finalmente podrán acceder a los valores que les corresponden. EMGIRS EP asumió con responsabilidad las obligaciones pendientes del terreno, incluyendo el pago de impuestos prediales atrasados por más de 25 mil dólares, aliviando así una carga económica que afectó a los propietarios durante varios años.
Además, se consignaron 11,9 millones de dólares en el sistema judicial para garantizar una compensación económica justa y oportuna para todas las familias. En octubre de 2025, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo avaló el proceso y autorizó la entrega de estos recursos, cerrando así un capítulo clave en la gestión del proyecto.
Esta acción municipal representa un beneficio directo para las familias, ya que la ubicación y las características del macrolote dificultaban la construcción de viviendas u otros proyectos que pudieran generar valor o estabilidad económica. La entrega de estas indemnizaciones no solo liquida una deuda histórica, sino que también convierte un predio de limitado aprovechamiento en una oportunidad real de bienestar para cada hogar.
El 10 de diciembre de 2025 se realizó el primer pago a 357 copropietarios, marcando el inicio de la distribución efectiva de los recursos que finalmente brindan solución económica a quienes esperaron durante años.
El Municipio de Quito y EMGIRS EP mantienen una gestión transparente y cercana a las personas, que prioriza a los ciudadanos, ofrece estabilidad económica a los propietarios y transforma un predio hasta ahora sin utilidad en un proyecto que generará beneficios para toda la ciudad.