Un caso que mezcla fraude, ludopatía, escándalo escolar y una profunda indignación social sacude a Argentina. Romina Enríquez, madre de un alumno de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19, fue denunciada penalmente por haber gastado el dinero destinado a la fiesta de graduación de su hijo y de decenas de estudiantes más. El monto del perjuicio económico asciende a 17 millones de pesos argentinos (cerca de 12 mil dólares), aunque los padres afectados sostienen que la cifra podría ser incluso mayor.
Durante todo el año lectivo 2025, Enríquez fue la responsable de administrar los fondos de la graduación, recaudados mediante rifas, actividades y aportes directos de las familias. Nadie sospechó hasta que llegó el día del evento.
¿Qué pasó con el dinero de la fiesta de graduación?
La alarma se encendió cuando, en plena celebración, los padres fueron informados de que el salón de fiestas no había sido pagado, ni tampoco varios de los proveedores contratados. La graduación estuvo a punto de suspenderse y solo se sostuvo parcialmente gracias a pagos de emergencia realizados por algunas familias.
Horas después, la verdad salió a la luz. Según la investigación y los testimonios recogidos por medios locales, Romina Enríquez confesó en un grupo de WhatsApp del comité organizador que había gastado el dinero. La revelación fue aún más grave: los fondos fueron apostados en un casino.
La confesión desató la furia de los padres, quienes calificaron el hecho como un desfalco y un fraude agravado, afectando directamente a estudiantes que esperaban uno de los momentos más importantes de su vida escolar.
¿Por qué Romina Enríquez no fue detenida tras el fraude?
Tras la denuncia penal presentada por la comunidad educativa, el caso tomó un giro inesperado. El abogado de Enríquez solicitó que su clienta no fuera detenida, argumentando una condición médica. Para sustentar el pedido, presentó un certificado psiquiátrico, avalado por una profesional de la salud y validado por la Policía de Misiones, que indicaba reposo médico.
Según la defensa, Romina Enríquez padece ludopatía, una enfermedad reconocida que afecta el control de los impulsos relacionados con el juego. Este diagnóstico fue clave para que la Justicia analizara medidas alternativas a la prisión preventiva.
“No está prófuga ni evadiendo a la Justicia”, aseguró su abogado en declaraciones recogidas por Misiones Online, confirmando que la mujer permanece en su domicilio junto a sus hijos mientras continúa el proceso judicial.
Un caso que abre un debate social
Más allá del proceso legal, el episodio abrió un intenso debate en Argentina sobre la responsabilidad civil, la confianza en comités escolares, y el impacto real de enfermedades como la adicción al juego. Para los padres afectados, el daño no es solo económico, sino también emocional y simbólico, al haberse arruinado un momento irrepetible para los estudiantes.