La etapa final del juicio por la desaparición forzada de cuatro menores del sector Las Malvinas se reanudó la mañana de este lunes 15 de diciembre, en una audiencia que se desarrolló de forma telemática y presencial.
La diligencia se instaló alrededor de las 08:30 y se extendió hasta pasadas las 11:00, con la exposición de los alegatos finales por parte de la Fiscalía, las defensas y los representantes de las víctimas.
Durante esta fase, la Fiscalía solicitó una pena de siete años y cuatro meses de prisión para el teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado en calidad de cómplice del delito de desaparición forzada.
Según el fiscal del caso, el oficial habría ordenado recoger las prendas de vestir de los menores hallados en Taura sin aplicar los protocolos correspondientes. Además, se señaló que presuntamente grabó entrevistas a los militares implicados y ordenó al subteniente John Z. borrar videos relacionados con el caso y omitir en los informes referencias a golpes, disparos, insultos y amenazas.
El subteniente John Z., comandante y jefe de patrulla, enfrenta el proceso como autor directo del delito de desaparición forzada, para quien la Fiscalía solicitó una pena de 34 años y ocho meses de prisión.
El caso
La investigación se centra en la retención de los menores Ismael, Josué, Steven y Saúl, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil. Tras ese episodio, se perdió el rastro de los adolescentes y posteriormente se reportó su desaparición en la parroquia Taura.
Días después, sus restos calcinados fueron hallados en esa zona, hecho que dio inicio a un proceso judicial por desaparición forzada.
Medidas de reparación
En su intervención, la Fiscalía también solicitó medidas de reparación integral y de no repetición. Entre ellas, pidió que el Ministerio de Defensa implemente capacitaciones al personal militar en derechos humanos, procedimientos en flagrancia y actuación frente a menores de edad.
Asimismo, planteó una intervención integral y multidisciplinaria para las víctimas indirectas en los ámbitos psicológico, médico y social, a través del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo Humano, además de evaluar la posibilidad de que los familiares accedan al Bono de Desarrollo Humano.
Como medida simbólica de no repetición, la Fiscalía solicitó que el paso a desnivel de la avenida 25 de Julio, donde ocurrió la retención, lleve el nombre de “Puente Niños de Las Malvinas”, en honor a las víctimas.
