La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra el exconjuez nacional David J. por su presunta participación en el delito de acoso sexual, denunciado por una exservidora judicial que trabajó en su despacho en la Corte Nacional de Justicia entre 2024 y 2025.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez a cargo dispuso varias medidas cautelares: presentación periódica cada 15 días, prohibición de salida del país y colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica. Además, ordenó la retención de cuentas del procesado por 5.640 dólares.
El magistrado también ratificó las medidas de protección a favor de la víctima, contempladas en el artículo 558 del COIP. Estas incluyen la prohibición de acercamiento a la víctima y testigos, la prohibición de actos de persecución o intimidación y la emisión de una boleta de auxilio.
En su intervención, el fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, señaló que los hechos denunciados habrían ocurrido cuando la víctima laboraba bajo subordinación directa del entonces magistrado. La denuncia activó un proceso interno en el Consejo de la Judicatura, que derivó en la destitución de David J.
Fiscalía presentó quince elementos de convicción, entre ellos: el testimonio anticipado de la víctima, las versiones de su madre y compañeros de trabajo, una pericia psicológica y documentos remitidos por el Consejo de la Judicatura, incluida la resolución que oficializa la destitución del exmagistrado.
El delito de acoso sexual está tipificado en el artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona a quien, en el contexto de una relación laboral, docente o similar, solicite favores de naturaleza sexual o ejecute conductas con connotación sexual no consentida.
El proceso continúa mientras se ejecutan las medidas dictadas y avanza la investigación penal.