La controversia por el caso del call center extorsivo desarticulado en Quito continúa creciendo. Familiares de los 40 jóvenes procesados —todos entre 18 y 30 años y recluidos en la cárcel de El Inca— indicaron en entrevista a Metro Ecuador presuntas irregularidades en el manejo del proceso judicial, especialmente luego de que el Tribunal Penal sustituyera la prisión preventiva de los dos ciudadanos chinos identificados como Gu Xikang y Xu Jingbin, señalados como presuntos cabecillas de la estructura.
Las declaraciones fueron realizadas por Marta (nombre protegido), familiar de uno de los procesados, quien sostiene que los jóvenes “no son delincuentes” y que se han vulnerado sus derechos durante todo el proceso.
“Los chicos son inocentes; aceptaron el abreviado para no prolongar su prisión”
Según relata Marta, los familiares aceptaron someterse a un procedimiento abreviado con el fin de evitar que los jóvenes permanezcan más tiempo encarcelados. Sin embargo, afirma que hubo contradicciones en la actuación fiscal:
“La fiscal nos ofreció una pena de 18 meses y no oponerse a la suspensión condicional. Pero luego envió a una fiscal suplente, quien se burló de los abogados y se opuso al abreviado”.
La jueza a cargo tampoco acogió el pedido y, según la entrevistada, les imputó una supuesta peligrosidad social:
“La jueza prácticamente nos dijo que somos un peligro para la sociedad. No hemos matado a nadie ni robado a nadie”.
Los familiares recalcan que ninguno de los jóvenes tenía antecedentes penales y que muchos eran “cabezas de hogar”, con estudios o trabajos previos.
Detenciones cuestionadas: “De 80 trabajadores, solo 40 fueron a prisión”
Marta sostiene que durante el operativo policial existieron inconsistencias desde el inicio:
- Según sus declaraciones, había 80 trabajadores, pero solo 40 fueron detenidos.
- Afirma que la orden de allanamiento “llegó una hora después” de que la Policía ya estaba en el inmueble.
- Las versiones tomadas a los trabajadores que quedaron en libertad habrían sido “idénticas” y sin presencia de abogados, lo que a su juicio invalida ese testimonio.
“Separaron a los jóvenes solo por tener tatuajes. A los que no tenían los dejaron ir; a los otros los trataron como GDOs”.
La versión coincide con reclamos de otras familias, que señalan una presunta estigmatización basada en apariencia física.
La liberación de los presuntos cabecillas: un punto de quiebre
El 28 de noviembre de 2025, el Tribunal Penal sustituyó la prisión preventiva de Gu Xikang y Xu Jingbin, acusados por Fiscalía como parte de la cúpula organizativa del call center. Ambos obtuvieron:
- Prohibición de salida del país.
- Presentación semanal.
- Uso de grillete electrónico.
La decisión fue adoptada por la jueza Karen Matamoros y los jueces Gandhy Cervantes e Ivón Vásquez, pese a que la Fiscalía ha apuntado a los ciudadanos chinos como figuras clave dentro de la red.
Para los familiares de los jóvenes detenidos, la resolución es incomprensible:
“¿Cuál es más peligroso? ¿Nuestros hijos, que son trabajadores, o los presuntos dueños de la red? A ellos les dieron un juicio exprés, sin oponerse a nada”, señala Marta.
El abogado Ricardo Peñaherrera Torres, defensor de una de las procesadas, también cuestionó la decisión:
“Se otorga beneficios a los presuntos cabecillas, mientras se niega el derecho a la libertad a jóvenes que solo seguían órdenes bajo un estado de necesidad”.
Un caso que reveló una red internacional de extorsión
El caso se remonta al 25 de junio de 2025, cuando un operativo policial descubrió un call center desde el cual se enviaban mensajes de extorsión a víctimas en el extranjero, acompañados de fotos y videos de mutilaciones. La Fiscalía abrió investigaciones adicionales por delitos como:
- Enriquecimiento privado no justificado.
- Violación a la intimidad.
- Pornografía infantil.
- Evasión de afiliaciones al IESS.
Durante la audiencia preparatoria de juicio:
- 31 procesados aceptaron el procedimiento abreviado, con penas entre 12 y 18 meses.
- 10 fueron sobreseídos.
- 3 fueron llamados a juicio.
- 13 continúan en proceso ordinario.
“Queremos justicia. No queremos privilegios, solo igualdad”
Marta insiste en que su lucha no es para obtener un trato preferencial, sino un trato igualitario:
“Si a los señores chinos les dieron libertad, ¿por qué a nuestros hijos no? ¿Por qué a quienes no tienen dinero se les niega todo?”.
La familiar lamenta que ningún denunciante presencial haya participado en las audiencias:
“No hubo una sola víctima que se presentara. Solo leyeron versiones de los mismos trabajadores”.
Finalmente, pide que la ciudadanía y las autoridades revisen el caso sin prejuicios:
“La sociedad juzga sin saber. Antes de opinar, investiguen. Aquí hay algo más oculto”.
La situación de los jóvenes procesados permanece en un limbo judicial, mientras sus familias continúan solicitando una revisión de las medidas y un debido proceso que consideran no ha sido garantizado.
Metro Ecuador envío una solicitud al Departamento de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, para solicitar una vocería del caso. Se espera una respuesta y confirmación por parte del Ministerio Público.