El Tribunal de Garantías Penales sentenció a 40 años de privación de libertad a Ariel Eduardo S. O., declarado autor directo del asesinato de un adolescente con el 50 % de discapacidad intelectual. El crimen ocurrió la madrugada del 22 de febrero de 2025, en las afueras de una discoteca ubicada en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito.
Además de la pena privativa, los jueces ordenaron el pago de una multa equivalente a 1.500 salarios básicos unificados, así como una reparación integral de 20.000 dólares a favor del padre de la víctima.
Trece puñaladas y dos heridas mortales
Durante el juicio, Fiscalía presentó testimonios de amigos y familiares del joven, quienes presenciaron el ataque. Todos coincidieron en que Ariel Eduardo S. O. utilizó un arma blanca para agredir al adolescente, causándole trece heridas: tres en la cabeza y diez distribuidas en el cuello, tórax, abdomen, zona lumbar y brazo izquierdo.
El perito médico legista explicó que dos de esas lesiones perforaron el pulmón y el corazón, provocándole una hemorragia interna aguda que derivó en su muerte.
El hermano de la víctima también fue atacado, pero sobrevivió gracias a la atención médica inmediata. Durante la audiencia, identificó al agresor y relató que al momento del crimen se encontraba a dos metros del procesado.
Videos y audios fueron claves para desvirtuar la defensa
Las cámaras de seguridad de la discoteca captaron el momento en que el procesado participaba en la riña y agredía al adolescente. A ello se sumaron pericias de audio, donde se escucha la voz de una mujer gritando: “No, Ayora, no, Ayora”, alias con el que también se conoce a Ariel Eduardo S. O.
Estas evidencias permitieron a Fiscalía desvirtuar la teoría de la defensa, que alegaba legítima defensa para intentar reducir la pena. Los jueces, sin embargo, consideraron plenamente demostrada la responsabilidad del acusado.
Pena máxima por asesinato agravado
El caso fue sentenciado bajo el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numerales 5 y 6 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El Tribunal acogió la agravante del artículo 47, numeral 11, debido a que la víctima era un adolescente con discapacidad.
Por la gravedad de los hechos y la contundencia de las pruebas, el Tribunal aplicó la máxima sanción prevista por la ley para este delito.