La muerte de Miguel Jordán Erazo Palacios, de 25 años, ha generado consternación en Guayllabamba luego de que una riña entre internos de una presunta clínica de rehabilitación terminara en un homicidio y la clausura inmediata del establecimiento, que operaba sin permisos.
El hecho ocurrió la tarde del 28 de noviembre de 2025 dentro de la denominada Fundación La Casa de los Milagros, un centro que funcionaba de manera irregular en la Panamericana Norte. Según el parte policial, varios internos intentaron fugarse y, en medio del caos, Miguel fue atacado con un objeto cortopunzante, recibiendo heridas en el antebrazo izquierdo y en el muslo derecho.
Un joven que buscaba recuperarse
De acuerdo con la información recopilada por la Policía, Miguel Erazo era uno de los internos del establecimiento. No registraba antecedentes penales y formaba parte del grupo de personas que ingresan a estos centros buscando apoyo para tratar problemas de adicción o dependencia.
Otros internos intentaron auxiliarlo y fue estabilizado por el Cuerpo de Bomberos Quito antes de ser trasladado al Hospital de Calderón. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.
Presuntos agresores aprehendidos
Las cámaras de seguridad aledañas permitieron identificar a varios internos como presuntos responsables del ataque. Fueron aprehendidos:
- Telmo G. (44 años)
- Ramiro B. (46 años)
- Daniel C. (50 años)
- Víctor V. (24 años)
Clausura del centro y una investigación que continúa
Tras confirmarse la muerte, la AMC, ACESS y el Ministerio de Salud acudieron al sitio y verificaron que la clínica no contaba con permisos ni licencias. El lugar fue clausurado de inmediato.
La Policía continúa investigando para determinar responsabilidades y esclarecer el rol de cada involucrado. La muerte de Miguel Erazo se procesa como homicidio, y se analizan posibles delitos adicionales relacionados con el funcionamiento irregular del centro.
La familia del joven aguarda respuestas, mientras el caso abre nuevamente el debate sobre la operación de centros clandestinos y la falta de control en espacios que albergan a personas en situación de vulnerabilidad.