Los ciudadanos de nacionalidad china Gu Xikang y Xu Jingbin, señalados en la investigación como presuntos cabecillas del call center de extorsión desarticulado en Quito, quedaron en libertad luego de que el Tribunal Penal que conoce la causa resolviera sustituir la prisión preventiva por medidas cautelares menos gravosas. La decisión se tomó durante la audiencia de revisión realizada la mañana del 28 de noviembre de 2025.
La jueza de la cauasa, Karen Matamoros, junto al tribunal integrado por los jueces Gandhy Cervantes e Ivón Vásquez, acogió el pedido presentado por Fiscalía y la defensa de los procesados. En su resolución, dispusieron tres medidas:
- Prohibición de salida del país.
- Presentación semanal ante la fiscal que lleva la causa, desde el 2 de diciembre de 2025.
- Uso obligatorio de grillete electrónico, cuya colocación deberá coordinarse de inmediato.
El tribunal ordenó además la emisión inmediata de la boleta de excarcelación, oficios a la Dirección de Migración para el registro de la prohibición de salida y al Ministerio del Interior y Policía Judicial para el control del dispositivo electrónico.
La jueza Matamoros recalcó que el arresto domiciliario no era viable, al tratarse también de una medida privativa de libertad que computa como tiempo de prisión preventiva. Debido al riesgo de caducidad, la solicitud fue negada. “Si uno de los procesados incumple las presentaciones semanales, deberá informarse de inmediato para proceder conforme a derecho”, advirtió.
Medidas cuestionada al tratarse de presuntos cabecillas
Aunque la Fiscalía ha señalado a Gu Xikang y Xu Jingbin como figuras clave dentro del esquema logístico y financiero de la red, no se opuso al pedido de sustitución de medidas, al existir —señaló— riesgo de caducidad de la prisión preventiva. Con la decisión del tribunal, ambos procesados enfrentarán el resto del proceso en libertad, bajo control judicial.
Esta decisión ha sido cuestionada por la defensa y familiares de los demás procesados, debido a que al tratarse de los líderes de la supuesta red de extorsión, no guardan la media que evita riesgos de fuga como lo es la prisión preventiva.
“La decisión tomada por la señorita juez viola de manera directa y contundente la norma constitucional y legal de nuestro país al otorgarle un beneficio como una medida sustitutiva de la pena a los presuntos cabecillas y autores directos del delito. Sin embargo, a los empleados que solo seguían órdenes y ejercían sus actividades laborales bajo un estado evidente de necesidad se les niega el mismo, dando a entender que están siendo protegidoa por las autoridades judiciales de nuestro país aquello que se evidencian en actividades delictivas”, señala el abogado Ricardo Peñahererra Torres, defensa de una de las procesadas en el caso.
Asimismo, agregó: “más que beneficio de la duda, es negarle el derecho a la libertad a los jóvenes que solo eran trabajadores del call center en un proceso que evidentemente se encuentra viciado”.
Un caso que reveló una red internacional de extorsión
El caso se remonta al 25 de junio de 2025, cuando un operativo policial permitió desarticular un call center ubicado en el norte de Quito, desde donde se ejecutaban extorsiones dirigidas principalmente a víctimas en el extranjero. La investigación de Fiscalía determinó que los involucrados enviaban mensajes intimidatorios, fotos y videos de mutilaciones para obligar a las víctimas a depositar dinero en cuentas manejadas por la organización.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, 31 procesados aceptaron su responsabilidad y se sometieron a procedimiento abreviado, recibiendo penas reducidas de entre 12 y 18 meses por el delito de asociación ilícita. Otros diez fueron sobreseídos, tres llamados a juicio y trece continúan en proceso ordinario.
Además, la Fiscalía abrió investigaciones adicionales por presuntos delitos como enriquecimiento privado no justificado, violación a la intimidad, evasión de afiliaciones al IESS y pornografía infantil, detectados durante el análisis de evidencias.