El Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe sentenció este 14 de noviembre de 2025 a 12 años de pena privativa de libertad a Fernando M. R., de 85 años, titiritero y fundador del proyecto cultural “Rana Sabia”, tras encontrarlo culpable del delito de violación en perjuicio de Bernarda R.
Una denuncia que inició en 2019
El caso se remonta a agosto de 2019, cuando la víctima –entonces de 19 años– presentó una denuncia ante Fiscalía. Según su relato, el procesado le ofreció trabajo, vivienda y apoyo académico en un domicilio ubicado en el valle de Los Chillos, en Quito. Los acercamientos iniciales comenzaron con comentarios e insinuaciones incómodas, que luego escalaron hasta una agresión sexual.
Tras la denuncia, la Fiscalía abrió la investigación y formuló cargos por violación. Sin embargo, el juez del caso dispuso medidas alternativas a la prisión para el procesado.
Un sobreseimiento y una batalla judicial de cuatro años
En agosto de 2021, el procesado fue sobreseído, luego de que el juez argumentara supuestas inconsistencias en la versión de la víctima, específicamente respecto de la fecha del delito. Tras ello, la causa fue archivada.
La defensa de la joven apeló, pero la Corte Provincial de Pichincha negó el recurso por considerarlo extemporáneo. Frente a esa decisión, en noviembre de 2021, la defensa presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, la cual fue admitida en mayo de 2022.
Finalmente, en 2025, la Corte Constitucional declaró la nulidad del sobreseimiento, lo que permitió que la causa se reactive y continúe hacia juicio. En mayo del mismo año, Fernando M. R. fue llamado a juicio.
Juicio, pruebas y sentencia
La audiencia de juzgamiento se instaló en junio de 2025. La fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género No. 2 de Rumiñahui presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que, según Fiscalía, demostraron tanto la materialidad del delito como la responsabilidad penal del procesado.
Este 14 de noviembre, el Tribunal anunció la sentencia de 12 años de prisión, dictada de forma oral.
Base jurídica
Fiscalía procesó el caso bajo el numeral 3 del artículo 512 del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos, aplicando el principio de favorabilidad.