El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, confirmó este lunes el traslado del exvicepresidente Jorge Glas a la Cárcel del Encuentro, en medio del nuevo plan de control penitenciario que impulsa su Gobierno para enfrentar al crimen organizado y la corrupción institucional.
En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario publicó un mensaje acompañado de dos fotografías de Glas dentro del centro carcelario, en las que se observa al exfuncionario bajo estricta custodia.
“Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, escribió Noboa, en una publicación que generó miles de reacciones y se viralizó en pocas horas.
El mensaje se suma a su pronunciamiento de la tarde, cuando el jefe de Estado informó sobre el traslado de los primeros 300 privados de libertad considerados de alta peligrosidad a la Cárcel del Encuentro, dentro de la estrategia nacional de control penitenciario y combate al crimen organizado.
“El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos. Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro”, afirmó en un mensaje anterior.
El operativo de traslado fue ejecutado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) en coordinación con las Fuerzas Armadas, bajo un estricto despliegue de seguridad.
La Cárcel del Encuentro, considerada una de las de máxima seguridad del país, fue diseñada para albergar a internos de alto riesgo y aislar a los líderes de bandas criminales, así como a procesados por corrupción de alto perfil.
Desde el Centro de Mando de Seguridad, Noboa dirige personalmente el plan de reordenamiento penitenciario, que prevé nuevas fases de traslados en las próximas semanas.
El presidente enfatizó que su Gobierno “no permitirá que el crimen organizado imponga su poder en el Ecuador” y que las acciones continuarán “sin pausa, hasta devolver la paz a las familias ecuatorianas”.
El traslado de Jorge Glas ocurre mientras el exvicepresidente enfrenta procesos judiciales por corrupción, cohecho y enriquecimiento ilícito, y tras varias controversias relacionadas con su permanencia en el país y los intentos de asilo político en embajadas extranjeras.