En el Decreto Ejecutivo 202 en el que se declara estado de excepción en cinco provincias y tres cantones, se detalla la suspensión de derechos con el objetivo de enfrentar la grave conmoción interna causada por el crimen organizado y la violencia.
El decreto abarca las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).Estas zonas ya habían estado bajo medidas de control por parte de las fuerzas del orden semanas atrás, pero el Ejecutivo decidió renovar y ampliar la declaratoria ante nuevos brotes de violencia.
La vigencia del estado de excepción será de 60 días, contados a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio
El artículo 3 del decreto establece la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio.Esto permite que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan realizar inspecciones, allanamientos y requisas sin previa orden judicial, siempre bajo criterios de proporcionalidad y respeto al debido proceso.
Según el documento, esta medida tiene como fin ubicar y registrar lugares donde podrían ocultarse integrantes de grupos armados organizados o personas vinculadas a actividades delictivas.
Los operativos incluyen la toma de materiales o instrumentos utilizados en la comisión de delitos, especialmente aquellos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización, con el propósito de desarticular redes criminales y neutralizar amenazas en curso o futuras.
El decreto aclara que estas acciones deberán cumplir con los procedimientos legales y respetar los límites constitucionales establecidos para los estados de excepción.
Suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia
El artículo 4 dispone además la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, lo que autoriza la identificación, análisis y recopilación de mensajes, cartas o comunicaciones electrónicas vinculadas a posibles actividades ilícitas.
Esta medida busca detectar y prevenir la coordinación de delitos o el ocultamiento de miembros de grupos criminales, a través de medios físicos o digitales.