El caso de Sandra Peña, una adolescente de 14 años que se quitó la vida esta semana en Sevilla (España), ha sacudido al país y reabierto el debate sobre la responsabilidad de los centros educativos en la atención de casos de acoso escolar.
La familia de la menor sostiene que el colegio ignoró las advertencias y que “nadie hizo nada por evitarlo”.
“Mi sobrina pidió ayuda y no la escucharon. Mi hermana fue dos veces al colegio a denunciar lo que estaba pasando, pero no tomaron medidas”, dijo Isaac Villar, tío y portavoz de la familia.
Acciones legales y dolor
Los padres de Sandra se reunieron este viernes con sus abogados para estudiar acciones legales contra el colegio Irlandesas Loreto, un centro concertado perteneciente a la Fundación Educativa Mary Ward.
“Vamos a emprender todas las acciones posibles. No descartamos una denuncia penal. Pero hay que darles tiempo a los padres, están destrozados”, añadió Villar.
La familia asegura que la madre de Sandra advirtió del acoso en dos ocasiones ante el departamento de orientación del colegio. La primera fue a finales del segundo trimestre del curso pasado, cuando la menor confesó en casa el sufrimiento que vivía en el aula. La segunda, en septiembre, cuando llevó un informe psicológico que confirmaba el impacto emocional del bullying.
“Pidió que separaran a su hija de las tres compañeras que la acosaban. No fue iniciativa del colegio, fue mi hermana quien lo exigió”, denunció el tío.
Dolor, silencio e indignación
Este viernes, cientos de personas se reunieron frente a la casa de la familia Peña para rendir homenaje a la joven. Flores, velas y camisetas del equipo de fútbol en el que jugaba Sandra acompañaron el minuto de silencio.
Vecinos y padres de otros alumnos del colegio también denunciaron que no es el primer caso de acoso en el centro.
“Cuando le ponen el ojo a una, van a por ella. En este colegio se dan muchos casos y no saben gestionarlos”, declaró Teresa, una vecina que afirmó que su hija y dos sobrinas también sufrieron bullying allí.
Durante la concentración, familiares y amigos pidieron responsabilidades y cuestionaron que sean las víctimas las que terminan abandonando los colegios, y no los agresores.
El papel del colegio y las omisiones
La consejera andaluza de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, confirmó que el colegio no activó los protocolos oficiales ni de acoso escolar ni de prevención de conductas autolíticas, a pesar de que existían indicios claros.
“Los protocolos son buenos, pero hay que cumplirlos. Si no lo hacemos, no podemos prevenir estos hechos”, declaró Castillo.
Según la funcionaria, el centro adoptó únicamente medidas de “cambio de clase y mayor vigilancia”, aunque estas se hicieron a petición de la familia y no como parte del protocolo formal.
Bullying, una herida que trasciende el aula
El caso de Sandra vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de abordar el acoso escolar como un problema estructural, con repercusiones psicológicas y sociales profundas.Los expertos recuerdan que la mayoría de muertes por suicidio son prevenibles, y que detrás de cada caso se cruzan factores psicológicos, sociales y culturales.
Si usted o alguien cercano necesita ayuda emocional, puede contactar en España al 024, línea nacional de atención a la conducta suicida. En Ecuador, puede comunicarse con el 171, opción 6, o acudir al Ministerio de Salud Pública para atención gratuita.
Petición de justicia
Mientras la Fiscalía española investiga posibles responsabilidades penales del centro educativo, la familia insiste en una sola idea:
“Sandra pidió ayuda y no la escucharon. No queremos venganza, queremos justicia y que nadie más pase por lo mismo”.