La Fiscalía General del Estado demostró la responsabilidad de tres personas en un triple asesinato ocurrido en el sector de Carretas, en el norte de Quito, hecho que conmocionó a la capital en abril de 2024.
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Tras la presentación de pruebas técnicas y testimoniales, el Tribunal sentenció a Wilker F., Johelmi M. y Guillermo B. a treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad, en calidad de autores directos del crimen.
Según el Fiscal del caso, las tres víctimas fueron encontradas sin vida el 14 de abril de 2024, en una zona despoblada de Carretas. Los cuerpos presentaban signos de violencia y llevaban brazaletes con el nombre de un centro de diversión nocturna cercano al lugar del hallazgo.
Las pruebas que determinaron la sentencia
Durante el levantamiento de los cadáveres, personal de Criminalística recolectó más de treinta indicios balísticos. Tres días después, el 17 de abril, los ahora sentenciados fueron detenidos en Cuenca durante un operativo relacionado con otra investigación por delincuencia organizada.
Entre los objetos incautados en esa intervención, la Fiscalía encontró un arma de fuego. Una pericia balística confirmó que el arma coincidía con los casquillos levantados en la escena del crimen, estableciendo su vinculación directa con el triple asesinato.
Además, videos de las cámaras de seguridad del centro nocturno mostraron a los tres procesados sacando a las víctimas aún con vida. Los registros audiovisuales fueron sometidos a un cotejamiento morfológico y fisionómico, que identificó con precisión a los acusados como las mismas personas que aparecen en las grabaciones.
Estas pruebas, junto con otras pericias presentadas en juicio, convencieron al Tribunal de la participación de los tres procesados en el crimen y de la existencia de una circunstancia agravante, establecida en el artículo 47, numeral 5 del COIP, que sanciona los delitos cometidos con la intervención de dos o más personas.
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Sanciones adicionales
Además de la pena de prisión, los jueces impusieron a los sentenciados una multa equivalente a 1.000 salarios básicos unificados.
El delito de asesinato está tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas que van de 22 a 26 años, pero que pueden aumentar por circunstancias agravantes, como en este caso.