El tráfico ilícito de combustibles se ha consolidado como la tercera mayor amenaza de seguridad para el Estado ecuatoriano, según reveló un oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, especializado en temas hidrocarburíferos. Esta actividad ilegal no solo genera millonarias ganancias, sino que además está vinculada directamente con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales.
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El coronel explicó que las mafias sustraen combustible y lo comercializan al mismo precio del mercado, incluso ingresándolo en gasolineras legales que sobrepasan los cupos mensuales asignados por la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCH).
El hidrocarburo robado se emplea en reabastecimiento de narcolanchas, contrabando hacia países vecinos y actividades clandestinas donde se mueve dinero en efectivo para evitar trazabilidad. En provincias fronterizas, este delito es evidente: “con un parque automotor reducido, las gasolineras despachan volúmenes muy superiores a lo que deberían”, señaló el oficial.
Una red con tentáculos criminales
La estructura detrás del delito es amplia y organizada: perforadores, transportistas y conductores forman parte del sistema ilegal. Incluso tanqueros autorizados pueden mover combustible ilícito dentro del tiempo de validez de sus guías de remisión.
Los grupos delictivos que controlan este negocio son Los Lobos, Los Choneros, Los Comandos de Frontera, el ELN, el Frente Oliver Sinisterra y los Latin Kings, todos vinculados a minería ilegal, tráfico de armas y violencia interna. “Esta red se sostiene también con la complicidad de ciertos funcionarios y sectores políticos que facilitan el negocio, por miedo o por coimas”, advirtió el coronel.
Balance militar
En lo que va de 2025, las Fuerzas Armadas han ejecutado 34.215 operaciones militares, incautado 1’009.433 galones de combustible, destruido 1.101 acoples clandestinos y generado pérdidas superiores a 21,5 millones de dólares a las mafias. Solo en las últimas dos semanas se decomisaron 34.265 galones en 3.360 operativos.
Las provincias con mayor incidencia son Orellana, Guayas, Sucumbíos, Santo Domingo, Santa Elena, Esmeraldas y Manabí.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa Azin y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, han ratificado que combatir el tráfico de combustibles es clave para asfixiar financieramente a las mafias, frenar la minería ilegal y recuperar el control del territorio nacional.