La justicia de Francia dictó este 30 de septiembre sentencia contra una red dedicada a la falsificación y venta de permisos de trabajo para migrantes latinoamericanos. Entre los 10 condenados figura una ecuatoriana de 53 años, considerada la cabecilla del grupo, quien recibió la pena más severa: cinco años de prisión, una multa de USD 17.600 y la prohibición de ingresar al territorio francés.
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Migrantes de Ecuador, Colombia y otros países fueron víctimas
De acuerdo con La Nación, los falsificadores ofrecían documentos de identidad españoles falsos y, en algunos casos, alquilaban originales. Los migrantes pagaban un derecho de entrada de USD 1.175 para acceder a un empleo en haciendas agrícolas del suroeste francés. Posteriormente, se les exigía una tarifa mensual de USD 293 para mantener la supuesta “legalidad” de su estatus.
El comandante de la Policía de Fronteras confirmó que “varios cientos de migrantes” fueron estafados bajo este esquema, que también les obligaba a costear alojamiento en condiciones precarias, abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas, todo en beneficio de los traficantes.
Condenas entre uno y cuatro años para otros implicados
Además de la pena impuesta a la ecuatoriana, el resto de miembros de la red recibieron condenas que van de uno a cuatro años de prisión. Sin embargo, el tribunal francés aclaró que no se encontraron pruebas para procesar a los empleadores que contrataron a los jornaleros con esos documentos.
La acusación definió este sistema como un “tráfico de migrantes low cost”, según AFP, debido a las tarifas cobradas y a las condiciones indignas en que vivían los afectados.
Investigación internacional y apelación
El caso se abrió en 2023, cuando las autoridades detectaron irregularidades en documentos presentados por trabajadores agrícolas. La investigación contó con la colaboración de España, Colombia y Europol, lo que permitió desmantelar la estructura y detener a sus integrantes.