La Fiscalía General del Estado informó que treinta y nueve personas privadas de libertad (PPL) enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de presunto asesinato, luego de los violentos enfrentamientos registrados en el Centro de Privación de Libertad N.° 2 de Esmeraldas.
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La masacre
La emergencia se produjo tras una alerta de disturbios dentro del centro carcelario. Una vez que cesaron los ataques, las autoridades confirmaron la muerte de 17 internos, presuntamente integrantes del grupo delictivo Los Lobos. Los cuerpos fueron localizados en distintos puntos del penal:
- Dos en el exterior del pabellón A.
- Dos dentro del pabellón B.
- Nueve en el pabellón C.
- Uno en la parte posterior de talleres y mecánicas.
- Tres en el patio del CPL.
Durante los registros, la Policía encontró ocho armas blancas, dos celulares, una pistola y un fusil con mira óptica que habría sido utilizado en los crímenes.
Testimonio clave
Un soldado que cumplía labores de seguridad en el turno de amanecida relató que fue alertado de un herido en el pabellón C. Al acudir, varios reclusos lo habrían atacado para despojarlo de su fusil. En el forcejeo, perdió el conocimiento y resultó herido en el hombro izquierdo con un arma blanca. Posteriormente, ese fusil habría sido usado para perpetrar los asesinatos.
Procesados e investigación
Las indagaciones apuntan a que los responsables serían presuntos integrantes del grupo delictivo Los Tiguerones. Tras entrevistas y reconocimientos, 39 reclusos fueron aprehendidos en flagrancia.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó:
- El parte policial de aprehensión.
- Actas de levantamiento de indicios y evidencias.
- Actas de levantamiento de los 17 cadáveres.
- Versiones de varias PPL testigos de los hechos.
Con base en estos elementos, el Juez dictó prisión preventiva contra todos los procesados y dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 30 días.
Delito y sanción
La causa se procesa bajo el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena privativa de libertad de 26 a 30 años.