Las jornadas de movilización en el país dejaron hasta el momento un saldo de 90 personas detenidas, según confirmó el Ministerio del Interior. Las protestas, que se concentraron en la provincia de Imbabura, escalaron en violencia con enfrentamientos, la muerte de un comunero, militares heridos, retenidos y un convoy humanitario atacado.
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Lo que ha sucedido en las últimas horas durante las jornadas de movilizaciones
Muerte de un comunero en Cotacachi
Organizaciones indígenas de Cotacachi responsabilizaron al Estado por la muerte de Efraín Fuerez, comunero de Inguinzala, quien habría recibido un impacto de bala durante los enfrentamientos en Cotacachi. Los dirigentes denunciaron uso excesivo de la fuerza y convocaron a un parlamento de pueblos para definir acciones frente a lo que consideran atropellos a sus derechos colectivos.
La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación previa de oficio por este caso, que estará a cargo de la Unidad Especializada en el Uso Ilegítimo de la Fuerza.
Emboscada a militares
Las Fuerzas Armadas denunciaron que 12 militares resultaron heridos y otros 17 fueron retenidos tras una emboscada en Cotacachi, cuando custodiaban un convoy de alimentos. El ataque fue atribuido a grupos infiltrados, calificados como “terroristas” por la institución. La situación elevó la tensión en la zona norte del país.
Ataque a convoy humanitario en Otavalo
El presidente Daniel Noboa encabezó un convoy humanitario hacia Imbabura, acompañado de ministros y representantes del cuerpo diplomático. La caravana fue interceptada en Otavalo con bombas molotov, piedras y barricadas. Los vehículos resultaron con daños materiales, aunque se logró llegar con alimentos y combustibles a las comunidades.
La embajadora de la Unión Europea, Yekaterina Doródnova, y el embajador de Italia, Giovanni Davoli, condenaron los hechos y recordaron que la protesta es legítima, pero debe desarrollarse pacíficamente y sin violencia.
Llamados al respeto y a la paz
Las organizaciones indígenas insistieron en que sus comunidades son “zonas de paz” y exigieron respeto a sus derechos. Mientras tanto, el Gobierno reiteró que no permitirá actos que calificó como terroristas disfrazados de protesta, y aseguró que continuará con los operativos de seguridad en el país.
El saldo de 90 detenidos refleja la magnitud de la conflictividad que atraviesa Ecuador, en un escenario marcado por la tensión entre comunidades, fuerzas de seguridad y el Gobierno.