La Fiscalía General del Estado (FGE) se pronunció oficialmente ante el contexto de movilizaciones sociales que se desarrollan en distintas provincias del país. A través de un comunicado, la institución reafirmó que el derecho a la protesta pacífica está protegido por la Constitución, pero advirtió que no se tolerarán actos que constituyan delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Según la FGE, las acciones de sabotaje, terrorismo, paralización de servicios públicos, destrucción de infraestructura, ataque a agentes del orden o incitación a la violencia no están amparadas por el derecho a la manifestación, contemplado en el artículo 66, numeral 13, de la Constitución.
“El ejercicio de derechos no puede ser excusa para vulnerar bienes jurídicos protegidos penalmente”, señala el comunicado, enfatizando que la Fiscalía actuará con firmeza ante hechos que puedan configurar delitos en el marco de las protestas.
La institución también advirtió que abrirá investigaciones ante posibles excesos de fuerza por parte de las instituciones de control. “Recordamos que su actuación debe cumplirse en apego a la Ley y a los derechos humanos”, concluyó.
Este pronunciamiento se da en un contexto de tensión social y medidas excepcionales decretadas por el Ejecutivo para garantizar el orden público ante las manifestaciones.