La noche del 17 de septiembre de 2025, el presidente de la República, Daniel Noboa, lanzó un mensaje que sacudió el tablero político nacional. “Ecuador ha estado secuestrado por instituciones que olvidaron a quienes debían servir”, dijo, al tiempo que anunció que enviará a la Corte Constitucional una pregunta para convocar a una Asamblea Constituyente.
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Noboa sostiene que las “reglas actuales” impiden luchar frontalmente contra el crimen organizado y las estructuras políticas que lo protegen. Su mensaje fue directo: si las vías actuales bloquean el cambio, entonces habrá que cambiar las reglas del juego.
¿Qué es una Asamblea Constituyente y cómo se convoca?
Una Asamblea Constituyente es un órgano de representación popular que tiene como objetivo redactar una nueva Constitución o reformar profundamente la vigente. En Ecuador, el último precedente fue en 2007-2008 bajo el mandato de Rafael Correa, que dio paso a la actual Constitución.
Para convocarla, el procedimiento está previsto en el artículo 444 de la Constitución. Requiere:
- Una iniciativa del Presidente de la República (como en este caso), respaldada con una propuesta clara.
- La calificación previa de la Corte Constitucional, que debe verificar si la solicitud cumple requisitos formales y de fondo.
- Una consulta popular en la que el pueblo decida si quiere una nueva Asamblea y bajo qué condiciones.
Es decir, no basta con el anuncio. El camino legal está lleno de filtros, y todo pasa por una Corte Constitucional que ya ha frenado reformas previas del Ejecutivo.
Las implicaciones de una Constituyente
Convocar una Asamblea Constituyente no es un acto simbólico. Puede transformar la estructura del Estado, rediseñar la separación de poderes, modificar los derechos ciudadanos e incluso cambiar las reglas del juego electoral.
Entre los puntos críticos están:
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- Rediseño institucional: se podría reformar o eliminar instituciones clave como el Consejo de la Judicatura, el CPCCS, o incluso la propia Corte Constitucional.
- Facultades presidenciales: una Constituyente podría ampliar o limitar el poder del Ejecutivo.
- Seguridad y justicia: se podrían crear nuevas figuras legales para enfrentar el crimen organizado, con mayor intervención del Estado.
Una Constituyente abre la puerta a dos escenarios: uno de renovación institucional legítima, y otro de concentración de poder. La línea es delgada, según expertos. La Corte Constitucional ya ha advertido en ocasiones anteriores que no se puede usar una Constituyente para evadir los mecanismos ordinarios de reforma.
Además, el proceso conlleva incertidumbre: elecciones de constituyentes, redacción del nuevo texto, aprobación por referéndum y posible transición de leyes. Todo esto tomaría al menos un año y podría afectar la gobernabilidad.
Daniel Noboa apuesta por un salto institucional. Pero su propuesta deberá superar primero el filtro de la Corte y luego convencer a un electorado polarizado.