El asesinato de Mónica Páez, de 70 años, ocurrido el 16 de marzo de 2025 frente a una iglesia en el norte de Quito, ha revelado una de las aristas más perturbadoras del caso: la participación de sus propios nietos en la planificación y ejecución del sicariato.
De acuerdo con las investigaciones de Fiscalía y Policía, y con el testimonio de sus familiares a Metro Ecuador, los nietos de la víctima, Juan Francisco y José Daniel A. C., fueron piezas clave en la operación. Ambos son hijos de Bolívar A. P., quien desde la cárcel del Inca habría orquestado el crimen.
Los jóvenes no solo habrían realizado transferencias bancarias para financiar el asesinato, sino que también habrían brindado información vital sobre los movimientos de la señora Páez. “Era una mujer rutinaria, lo más probable es que ellos confirmaron dónde iba a estar y a qué hora, para que se ejecute el crimen”, relataron los familiares de Mónica.
Uno de los nietos, Juan Francisco, vivía con la víctima en el momento del asesinato. Según las investigaciones, él pudo haber informado a los sicarios sobre la rutina diaria de su abuela, facilitando la logística del ataque. Al momento de su detención, además, fue encontrado en su poder un acta de defunción de Mónica Páez y sellos notariales falsos, lo que hace presumir un intento de manipular documentos para acceder a sus bienes.
Por su parte, José Daniel, el otro nieto, está prófugo de la justicia. Pesa sobre él una boleta de captura y una alerta internacional, según confirmó la familia. Las transferencias realizadas desde sus cuentas bancarias hacia J. P., mujer que prestó su cuenta para los movimientos financieros del crimen, son parte de las pruebas que lo vinculan directamente al sicariato.
El rol de los nietos en el asesinato de su propia abuela evidencia cómo la ambición y el interés económico se entrelazaron en esta tragedia familiar. “Querían quedarse con sus bienes, y usaron a los nietos para hacerlo”, lamentan los familiares de la mujer de 70 años.
Actualmente, Juan Francisco Al. se encuentra detenido en la cárcel del Inca junto a su padre, mientras que José Daniel continúa prófugo. La familia de la víctima exige que se haga justicia y que los implicados enfrenten las máximas sanciones que contempla la ley.